Juicio en ausencia. La magistrada del juzgado de lo penal 6 de Barcelona, Diana Marcelo, ha acordado celebrar el juicio contra el 131.º president de la Generalitat sin su presencia. Quim Torra ha hecho un vídeo esta mañana en el que ha anunciado que no se presenta al juzgado porque considera que es "un juicio político". La ley permite juzgar personas en ausencia si la pena solicitada es inferior a dos años de prisión, y en el caso de Torra se le pide inhabilitación a cargo público. Lo ha pedido la fiscal y la acusación popular, ejercida por Impulso Ciudadano. Los abogados de Torra, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, tampoco se han opuesto, y han pedido la absolución de Torra, del cual han dicho que "ha ganado en dignidad".
En este segundo juicio, la fiscal ha mantenido la petición de 20 meses de inhabilitación para cualquier cargo público y 30.000 euros de multa para el expresident de la Generalitat Quim Torra por no haber descolgado una pancarta a favor de los políticos presos del balcón de la Generalitat en septiembre del 2019. Lo acusa de un delito de desobediencia, porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le dio 48 horas para descolgar el cartel y el expresident no lo hizo alegando que la orden vulneraba la libertad de expresión. Finalmente, el tribunal ordenó a los Mossos d'Esquadra que la retiraran, pero antes lo hicieron unos trabajadores del Palau. En el primer caso por desobediencia, la orden de retirar la pancarta fue de la Junta Electoral Central (JEC), ya que era época electoral, en marzo de 2019. La fiscal ha afirmado que no se ha perseguido a Torra por sus ideas, sino por haber hecho "insumisión institucional". El abogado de Impulso le pide que pague una multa de 109.000 euros.
El enero pasado, Torra cumplió la primera condena por desobediencia al no haber retirado una pancarta a favor de los presos políticos y los exiliados del balcón del Palau de la Generalitat. Le costó el cargo de president de la Generalitat, después de que el Supremo validara el castigo de 18 meses de inhabilitación, impuesto por el TSJC. Esta vez, Torra, al no ser aforado, ha sido juzgado hoy en un juzgado de lo penal.
Testigos
El juicio ha empezado con los testigos. La primera ha sido una agente de los Mossos que llevaba el requerimiento judicial al Palau de la Generalitat para retirar la pancarta, ordenado por el TSJC. El segundo testigo ha sido Pere Cardús, jefe de prensa del president Torra, el cual ha declarado que él no recibió ningún requerimiento personalmente, pero que lo vio. El penalista Boye le ha preguntado si antes de la pancarta por los presos políticos en el balcón de la Generalitat se han colgado otras. "En el balcón de la Generalitat siempre ha habido otras pancartas por los derechos humanos, las mujeres, por la paz, y ahora contra la invasión de Ucrania", ha manifestado Cardús. También, a preguntas del abogado, ha negado que se haya acusado al actual president Pere Aragonès o a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por pancartas en defensa de los derechos humanos que han colgado en los edificios públicos. El tercero en declarar ha sido un inspector de los Mossos, que se dirigió al responsable del edificio para que retirara la pancarta y nadie se opuso. A preguntas de Boye, el mosso ha admitido que también tuvo que ir al primer requerimiento de retirar la primera pancarta en favor de los exiliados, y en ningún caso más en los más de veinte años en el cuerpo policial catalán.
Putin
En las conclusiones, Boye ha hecho leer la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del junio pasado, que pedía excarcelar a los presos políticos catalanes y reformar los delitos de rebelión y sedición. La fiscal le ha rebatido que fue una "minoría" de la asamblea: "Votaron a favor 70 miembros de los 324". También ha asegurado que "una mentira si se dice mil veces no se convierte en verdad" por las afirmaciones del expresident Torra. La fiscal ha añadido que Torra recibió el requerimiento como president de la Generalitat, el cual "no tiene la propiedad de los derechos fundamentales", y que el Constitucional establece que "los edificios públicos tienen que estar a disposición de los derechos generales, no de un grupo". "La libertad de expresión de Torra la puede ejercer en su ámbito individual y no se le ha juzgado por el contenido de la pancarta, sino por el uso indebido de un edificio público y no dar cumplimiento a un mandato judicial", ha concluido la fiscal.
Por su parte, el abogado Boye ha reprochado a la fiscal que menosprecie las resoluciones del Consejo de Europa: "¡Vladímir Putin se ha marchado del Consejo de Europa! ¿Dónde nos quieren llevar, a Polonia a Rusia?". Y ha añadido: "A Putin no le gustan las resoluciones del Consejo de Europa, como a la señora fiscal". En un tono irónico y crítico, Boye ha asegurado: "Las acusaciones solamente han hecho una exposición política, no de pruebas. Han pedido una condena por reiteración delictiva cuando Torra aún no fue condenado. ¿Qué quieren? Solo les falta pedir que lo quemen en la hoguera". Ha expuesto que no han ni demostrado a quién iba dirigido el requerimiento. Y ha asegurado que "la extrema derecha no pide retirar pancartas del ayuntamiento de Madrid".
Españolista
La entidad españolista Impulso Ciudadano fue la que inició este segundo procedimiento, al pedir a la sala contenciosa administrativa del TSJC que, como medida cautelar, obligara Torra a retirar la pancarta, a pesar de no ser periodo electoral. La sala admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de septiembre del 2019 dictó la orden de retirada, que fue comunicada personalmente a Torra el 23 de septiembre, dándole un plazo máximo de 48 horas. No obstante, el 20 de septiembre Torra ya emitió un comunicado en que aseguraba que no acataría el orden. Torra no descolgó la pancarta alegando que la decisión no era firme y se podía recurrir. Según el expresident, la pancarta era un ejercicio de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo. El 25 de septiembre la Generalitat presentó un recurso de reposición contra el auto del TSJC en que pedía la suspensión de la medida cautelar. Al día siguiente el TSJC recordó que el recurso no suspendía la orden. El 27 de septiembre una letrada de la administración de justicia levantó acta para constatar que la pancarta seguía en su lugar. Entonces el TSJC ordenó al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra la retirada de la pancarta. Aquel día se acabó cumpliendo la orden por parte de trabajadores del edificio.
Primera causa
En octubre del 2020, el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) resolvió que a la condena de dieciocho meses de inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat le acortaría uno de cada tres días desde que la JEC le retiró el acta de diputado de JxCat, desde enero del 2020 hasta que la condena fue firme, el 28 de septiembre pasado.
Precisamente, en el recurso de amparo que presentó Torra contra su inhabilitación, que el Tribunal Constitucional se lo desestimó recientemente, pero dos magistrados indicaron que se le habían vulnerado derechos, y cuestionaban que una sanción menor le implicara la pérdida del cargo político de forma definitiva.