Otra vez la sala de plenos del Tribunal Supremo. La misma sala donde hace un año y medio empezó el juicio a los líderes del procés. La misma donde hace 82 años fue juzgado el president Lluís Companys por los hechos del 6 de Octubre. El mismo mármol de vetas grises y las mismas paredes adamascadas de color burdeos.
Esta vez, sin embargo, los cinco jueces visten mascarillas negras. No está Manuel Marchena, pero sí Andrés Martínez Arrieta, que preside el tribunal, Juan Ramón Berdugo, que es el ponente, y Antonio del Moral. En el fondo de la sala ha reaparecido una cruz inmensa, tallada en los años cuarenta por un preso republicano, que durante el juicio al procés había desaparecido porque la estaban restaurando. Al lado de la puerta hay colgadas unas instrucciones higiénicas por la Covid.
El president, Quim Torra, se sienta en primera fila del público. Con mascarilla quirúrgica blanca. Casi no mueve ni un músculo durante la vista sobre su inhabilitación, que se alarga poco más de una hora.
No es habitual que los acusados estén presentes en la vista de casación, pero Torra ha dejado claro que quería ir a mirar a los jueces a los ojos mientras se plantean si, por primera vez, apartan a un president en ejercicio de su cargo por haber colgado una pancarta. También quería hablar. Pero eso ya era demasiado.
Barricada de bancos
Mirar a los ojos de los jueces tampoco es tan fácil. Entre Torra y el tribunal, en el espacio que el año pasado ocupaban los líderes del procés sentados en cuatro bancos, este jueves hay literalmente una barricada de bancos. Hay ocho. Tantos, que a duras penas nadie se podría sentar porque casi no hay espacio entre ellos.
Para que el juez quedara en el campo de visión de Torra, ha habido que situarlo en un lateral de la sala y no en el espacio central. A su lado, en el otro extremo del banco, el vicepresident, Pere Aragonès. Al otro lado del pasillo, la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Los tres han entrado a pie por la puerta principal del Tribunal Supremo y han esperado en un despacho a que empezara la vista.
Torra, Budó y Aragonès, a las puertas del Supremo / EFE
El resto de diputados y dirigentes políticos y de las entidades que lo han acompañado hasta la puerta se han quedado fuera del palacio. En la sala de plenos, de acceso muy restringido por la Covid, hay 10 periodistas, y 12 personas más, entre trabajadores del juzgado y público. En total, 25 personas.
Torra observa al juez, tras la barricada de bancos, cruzado de brazos, mientras el abogado Gonzalo Boye defiende con vehemencia y convencimiento los argumentos de su recurso. Curiosamente, Boye, usuario compulsivo de las redes y posiblemente uno de los abogados más conectados del Estado, no utiliza ordenador. Todas las notas en papel.
Gonzalo Boye y Isabel Elbal, durante la vista en el Supremo / EFE
"Estamos aquí porque pensamos que estamos a tiempo de hacer nuestras alegaciones y que ustedes no han tomado todavía una decisión", explica el abogado, que desconcierta al tribunal asegurando que Torra no ha nacido en Catalunya. Al lado, su compañera Isabel Elbal le asiste en la intervención.
Boye despliega el argumentario. Está en juego el derecho a la participación política, explica. Y sigue: la vulneración de garantías, la tutela judicial efectiva, la previsibilidad, la libertad de expresión... La proporcionalidad. A medida que se consumen sus 20 minutos, acelera la riada de argumentos. Acaba casi como ha empezado. Subrayando la solidez de su recurso —"hemos hecho un gran esfuerzo"— y mostrando la preocupación de que algunos medios digan que el tribunal ya ha tomado una decisión, además de soltar —como quién no quiere la cosa— que han vuelto a asaltar su despacho. Que quede dicho.
Un acto político
Acto seguido llega el turno de la acusación particular, de Vox. Por más que Torra intente estirar el cuello, le resulta imposible ver a la abogada y vicesecretaria jurídica del partido de ultraderecha Marta Castro. Tampoco es una de las miradas que buscaba.
"Se ha llenado la boca de decir que es un acto político", reprocha la vicesecretaria jurídica de Vox, que acusa a Torra de hacer de este juicio "marketing político".
Cuando llega el turno de la fiscal, Pilar Fernández, el president, tras el muro de bancos, a duras penas le puede ver el pelo. Los argumentos de la fiscalía siguen la misma música que la acusación particular de Vox. Rechaza las cuestiones prejudiciales. Ni siquiera agota su tiempo.
Todo se ventila en una hora. Boye intenta replicar a las acusaciones, pero Martínez Arrieta le recuerda que la vista de casación no contempla el derecho de réplica.
De vultu tuo iuidicium...
Se levanta la sesión. Los jueces abandonan la sala por una puerta del fondo, diferente de la que utiliza al público. Torra, con una carpeta azul bajo el brazo, sale por una puerta lateral encabezada por una inscripción: De vultu tuo iuidicium meum prodeat; oculi tui videnat aequitates. El salmo de súplica de un hombre perseguido y acusado injustamente: "Sentenciad vos mismo mi causa, y mirad quién tiene razón".
Después de comentar unos momentos con Boye y Elbal el desarrollo de la vista, el president se marcha hacia el centro cultural Blanquerna donde tiene previsto hacer una declaración institucional en catalán, castellano e inglés.
"No seré yo quien aboque el país a unas elecciones irresponsables", advierte desde los bajos de la delegación del Govern en Madrid, el mismo espacio que asaltaron un grupo de ultraderechistas el 11 de septiembre del 2013, y que a pesar de ser condenados por aquellos hechos no han llegado nunca a entrar en la prisión.
Este mediodía en el salón de actos de la delegación tampoco había prensa, a causa de la Covid. La intervención del president ha sido sólo una declaración. Avisa al Estado sobre los efectos de hacer saltar por los aires a un gobierno en plena pandemia.
¿Cómo aguantamos esto?
Finalmente, Torra junto con la consellera de Presidència se dirigen corriendo a la estación de Atocha para coger el tren a las dos y media. El vicepresident Aragonès ya está en la estación. Viaja en otro vagón. Torra, aún impresionado por lo que acaba de vivir, ocupa una minúscula sala preferente del AVE, con Budó y la diputada Laura Borràs, y el pinyol de su equipo. "¿Cómo es posible que aguantemos esto? ¿Cómo no somos capaces de enfrentarnos a un Estado que llega hasta este punto?", se ha preguntado Torra en unas declaraciones en TV3.
La llegada de la delegación catalana es como una riada con el tren a punto de salir. Las inhabilitaciones en pleno debate de política general se parecen a una yincana y situaciones de trascendencia histórica se rompen bajo el peso de los detalles cotidianos. Hoy, Torra —de momento— no se ha quedado sin el título de president, pero ha estado a punto de quedarse sin comer, porque las restricciones de la Covid impiden distribuir comida en el tren. Por suerte, la eficiencia de los servicios de protocolo lo tenían previsto. Y el president ha podido comer un bocadillo de tortilla —a la francesa— mientras vuelve a Barcelona y después de mirar a los ojos a los jueces que tienen que decidir si lo inhabilitan por no haber retirado una pancarta del Palau de la Generalitat. A las cinco y media, el president ya está en Barcelona.