La defensa de los presidents Quim Torra y Carles Puigdemont prepara una demanda civil en Bélgica contra la Junta Electoral Central (JEC) por falta de imparcialidad después de saber que uno de sus vocales, Andrés Betancor, también estaba a sueldo de Ciudadanos. La intención es presentar alegaciones informando de las circunstancias que rodean a Betancor en los tres pleitos que la defensa tiene abiertos en el Tribunal General de la Unión Europea. En paralelo también estudian presentar impugnaciones en el Parlamento Europeo.
La defensa de los líderes de Junts per Catalunya, con Gonzalo Boye al frente, considera que este caso es similar al que ya se presentó en su día contra el instructor del procés, Pablo Llarena. Entonces, Puigdemont consideró que la euroorden dictada por este juez "no tenía ningún fundamento legal y se hizo sin previa autorización del Parlamento Europeo" y tildó a Llarena de juez "sin una mínima apariencia de imparcialidad".
Ahora, en el caso de la JEC, un órgano técnico que ha pedido inhabilitar a Torra por haber mantenido los lazos amarillos durante una parte del periodo electoral, ven los mismos indicios. La defensa de Torra y Puigdemont argumenta que uno de sus vocales tampoco se puede considerar imparcial si, a la vez, trabaja como secretario de la gestora de Ciudadanos. Un cargo que va más allá del asesoramiento al Congreso de los Diputados con el que empezó a trabajar para el partido naranja.
Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat Pompeu Fabra, ingresó en la JEC en octubre del año 2017, justamente en el mes del referéndum del 1-O. Entonces, Betancor ya era asesor de Ciudadanos, bajo la dirección de Albert Rivera.