El abogado del president ha vuelto a mover ficha con la intención de retrasar el juicio contra Quim Torra por los lazos amarillos. Hoy ha presentado una nueva recusación. Esta contra el magistrado que precisamente tenía que resolver la recusación de Jesús María Barrientos y Mercedes Armas, que conforman el tribunal que tiene que juzgar al president.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un escrito para pedir la recusación del magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos, que tiene que estudiar la petición de recusación de los magistrados Jesús María Barrientos y Mercedes Armas, designados inicialmente para juzgar a Torra por el caso de los lazos amarillos. Ramos fue el instructor de la causa y Torra ya lo intentó entonces. Ahora Torra considera que no puede estudiar el incidente de recusación porque ya conoce el caso, pero también alega "enemistad manifiesta" e "interés directo o indirecto" en la causa. Recuerda que fue nombrado por el Parlament a propuesta del PSC y dice que está "estrechamente vinculado" al partido. También subraya que los socialistas quieren que el president convoque elecciones. La defensa desconfía que la decisión sobre Torra ya esté "predeterminada" y que el PSC consiga su objetivo a través de los tribunales.

 

Según apunta el escrito, Ramos ya formó parte de la sala de admisión de la querella contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central cuando le ordenó que retirara el lazo amarillo del balcón de la Generalitat en periodo electoral. Ramos fue designado instructor y cuando dictó el auto de finalización, Torra lo recusó porque percibió "prejuicios" contra él, ya que afirmaba su participación en los delitos investigados. En el escrito de recusación, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, enumeraba varias frases del auto que dejaban vislumbrar que el magistrado creía que Torra es culpable.

No obstante, el mismo Ramos inadmitió la recusación, y en este documento se basa la petición actual, ya que el magistrado habría criticado duramente los argumentos de Boye, utilizando expresiones como "motivos reales, inventados o arbitrarios". Por eso, ante aquellas "serias dudas" sobre la imparcialidad de Ramos, ahora vuelven a pedir que sea apartado.

En este sentido, el escrito argumenta que la "inusitada celeridad" de la instrucción y la falta de "respeto a los trámites establecidos legalmente para resolver su propia recusación" hacen dudar de la imparcialidad de Ramos.

El escrito también recuerda que Ramos fue nombrado en el 2004 por el Parlament a propuesta del PSC, que "se ha destacado enormemente por su interés en que Torra dimita o convoque elecciones, un posicionamiento político de indudable significado e intensidad, ya que no se refiere al Govern, como haría cualquier grupo de la oposición, sino a la misma persona que asume la Presidencia de la Generalitat". Concluye que Ramos está "estrechamente vinculado" al PSC.

La defensa desconfía que la decisión sobre Torra esté ya "predeterminada" y que el PSC pueda conseguir su objetivo, que se convoquen elecciones, a través de una resolución judicial de inhabilitación.

"Es absolutamente claro y meridiano que la estrecha vinculación con determinada formación política del magistrado recusado le impediría actuar en sentido contrario al querido por la formación que lo propuso en su día para ocupar esta importantísima plaza", subraya el escrito.

Boye recuerda la controversia que siempre ha habido con los nombramientos de origen político, y remarca que el propio Barrientos, presidente del TSJC, manifestó su desconfianza respecto de este tipo de nombramientos, apostando por buscar otro método de designación que no esté politizado. "Queremos imaginar que los deseos y promesas de Barrientos son también de aplicación a Torra", dice la defensa, que remarca que el president tiene una serie de derechos "por mucho que se le quiera apartar de su cargo".