El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado este jueves que el Gobierno haya hecho finalmente marcha atrás y haya suspendido la regla de gasto de los ayuntamientos para el 2020. El president, que desde el inicio de la pandemia había defendido que los ayuntamientos pudieran invertir sus superávits, ha lamentado que la decisión llegue "demasiado tarde".
Torra ha recordado que a finales de agosto ya envió una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de Catalunya para explicarles la importancia de que el Gobierno permitiera la utilización de la totalidad de los remanentes municipales para poder destinarlos a desarrollar políticas de emergencia social y hacer frente a la crisis socioeconómica. En este sentido, ha destacado la lucha insistente de los entes locales con el fin de cambiar la norma, como finalmente ha acabado pasando.
En esta misma linia, también se ha pronunciado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defendido que "los ayuntamientos tienen que estar al servicio de la ciutadanía y no en un banco del ministerio de Hicienda". "Rectificar es bueno", ha dicho.
La presión de los ayuntamientos y el no de toda la oposición en bloque al decreto hicieron que el gobierno de coalición sufriera su primera derrota parlamentaria. Se quedó absolutamente solo: 193 votos en contra y 156 a favor. Tenía una fuerte contestación del mundo local, una contestación transversal, que iba de la oposición de la derecha hasta los socios de la investidura, pasando por Unidas Podemos mismo. Todas estas formaciones denunciaron lo que consideraban una "confiscación" del Estado, que era quien distribuía estos remanentes.
El nuevo decreto
Según han informado desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno impulsará en las próximas semanas un nuevo decreto que prevé que los entes locales puedan utilizar el superávit del 2019 con el objetivo de financiar inversiones, con un impacto de 987 millones de euros. Además, permitirá acabar el año 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en el 2019 y que se estén financiando con superávit del 2018. También permitirá utilizar superávit del 2019 para financiar gasto este año, siempre que se cierre este ejercicio con equilibrio presupuestario.
Con respecto a los ayuntamientos con riesgo financiero, podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos consistorios cancelar sus deudas del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores a través de préstamos bancarios.
Por otra parte y con carácter "excepcional", se permitirá a las diputaciones utilizar el superávit del año pasado para compensar la caída de ingresos en los tributos especiales. El anuncio llega después de que la semana pasada el Congreso tumbara el decreto de los remanentes de los ayuntamientos.
El ejecutivo español calcula que el nuevo decreto tendrá un impacto de más de 3.000 millones de euros e incluirá, según el ministerio, las medidas más "urgentes" para los ayuntamientos que se pactaron con la FEMP y que generaron un mayor "consenso". En este sentido, suspenderá la regla de gasto para este año y prorrogará el uso del superávit del 2019. También permitirá acabar el año 2021 los proyectos de inversión iniciados en el 2019 y financiados con superávit del 2018.