Los presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez han conversado esta mañana telefónicamente y han acordado reunirse una vez se haya constituido el nuevo Gobierno. Así lo han comunicado tanto desde el Palau de la Generalitat como desde la Moncloa, donde se ha explicado que la conversación se ha producido a las 9.30 de la mañana, ha durado siete minutos y ha sido "cordial en todo momento".
Los gabinetes del president de la Generalitat y el del Gobierno habían acordado ayer que el contacto telefónico se haría esta mañana. Según el Govern, Torra ha explicado a Sánchez que esta reunión "tiene que servir para encauzar la mesa de negociación" entre los dos gobiernos para abordar el conflicto catalán.
De momento, no se ha concretado si el encuentro se producirá en Madrid o en Barcelona. Desde la Moncloa se ha subrayado que Sánchez ha trasladado a Torra que "por una parte quiere recomenzar y reanudar el diálogo, y por otra, tiene la voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Catalunya".
La última conversación entre los dos presidentes se produjo el 17 de diciembre, cuando en el marco de las negociaciones para la investidura, Sánchez anunció una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos.
Torra y Sánchez se han reunido en dos ocasiones. La primera fue en la Moncloa el mes de julio del 2018. La segunda, el 20 de diciembre de aquel mismo año en el Palau de Pedralbes, y fue previa al encuentro que celebraron los dos gobiernos en el cual se consensuó un documento conjunto para abordar el diálogo político en que se contemplaba la figura de un relator.
La reanudación de las conversaciones telefónicas se produce después de que a lo largo del pasado otoño, Torra intentó ponerse en contacto con Sánchez en diferentes ocasiones pero este se negó a contestar a sus llamadas.
La recuperación de un diálogo formal entre los dos gobiernos es la condición que impuso ERC en las conversaciones con el PSOE para la investidura de Sánchez. Según el acuerdo a que llegaron socialistas y republicanos, la mesa de diálogo se tiene que poner en marcha dos semanas después de la constitución del nuevo ejecutivo español.