La clase política catalana ha coincidido en cargar sin excepción y de manera transversal contra la decisión del Supremo de hacer marcha atrás y decidir que sean los clientes y no la banca los que tendrán que pagar el impuesto hipotecario. Desde el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hasta el líder del PP, Xavier Garcia Albiol, todos los políticos catalanes que se han pronunciado han criticado la decisión.
El primero en pronunciarse ha sido el presidente del Parlament que ha diagnosticado que la decisión "hunde todavía más (si es que era posible) la credibilidad del poder judicial".
Desde Bruselas ha valorado la decisión el presidente al exilio, Carles Puigdemont, que ha ironizado que "la culpa de que no haya bastante dinero para políticas sociales la tiene los grupos independentistas porque no votarán los presupuestos del PSOE".
Desde el Govern, el vicepresident, Pere Aragonès, sentenciaba: "Todos somos iguales ante la ley".
La alcaldesa de Barcelona ha advertido que "o se emprenden reformas serias, o pronto no quedará nadie en que crea en la justicia española".
No obstante, la reacción más rápida ha sido la del presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, que ha tildado la decisión de "grave error de consecuencias sociales imprevisibles".