El presidente del Parlament irá hasta Estrasburgo para garantizar un debate de investidura sin injerencias. Como ha hecho público la Cámara en un comunicado este martes, Roger Torrent impulsará una demanda de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta acción acompaña las alegaciones que la Cámara ya ha presentado al Tribunal Constitucional, donde los letrados piden al Alto Tribunal que no admita a trámite el recurso del Gobierno contra el debate de investidura de Carles Puigdemont.
El objetivo de la demanda es "proteger los derechos de Puigdemont a someterse al debate de investidura de forma efectiva". Debe presentarse a título individual. Es por ello que lo ha impulsado Torrent, como máximo representante de la institución, pero también propondrá a los diputados de la Cámara que se sumen.
Según fuentes parlamentarias, "se pedirá al TEDH que se tutelen los derechos políticos y en concreto el derecho a la participación política de Puigdemont". Esta demanda de medidas cautelares a Estrasburgo tiene un carácter restrictivo y está reservada a casos muy específicos. Si fuera estimada, se resolvería en 24 horas "y se podría abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont", según estas fuentes. Todavía no ha sido presentada, ni hay fecha fijada.
Torrent es consciente de que se trata de un recurso reservado para casos extremos en los que se puedan producir "daños irreparables", pero quiere intentar esta vía.
Alegaciones
Por otra parte, en sus alegaciones presentadas este martes, el Parlament pide que se desestime la impugnación del Gobierno, y que también queden sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Alto Tribunal, que requerían que el debate debía ser presencial y que antes Puigdemont debía comparecer ante el juez Pablo Llarena. Las alegaciones van firmadas solamente por el letrado y exsecretario general de ERC, Joan Ridao.
Amparándose en lo que dijo el mismo Consejo de Estado en su dictamen previo al recurso, desde el Parlament consideran que las medidas cautelares del TC "tienen un carácter preventivo y puramente hipotético que provocaría que fueran improcedentes". El escrito recuerda que las decisiones de Torrent de proponer candidato y convocar el pleno son legales y no se pueden impugnar de forma preventiva.
Por otra parte, los servicios jurídicos de la Cámara también alegan que impedir la posibilidad que Puigdemont pueda ser investido vulneraria su derecho al sufragio pasivo y al sufragio activo de los ciudadanos que le votaron. El escrito también afirma que el candidato propuesto tiene inmunidad parlamentaria y que, por lo tanto, no puede ser detenido excepto en caso de delito flagrante. Por este motivo consideran que no se le puede exigir que se ponga a disposición judicial para poder someterse al debate de investidura.
Finalmente, el Parlament asegura que el TC ha usurpado unas funciones que no le son propias, porque pretende determinar con las medidas cautelares decretadas la forma como se debe llevar a cabo la sesión de investidura, un hecho que considera una extralimitación de sus funciones.