El presidente de Parlamento, Roger Torrent, ha vuelto a reclamar este viernes, al lado del síndico de Greuges, Rafael Ribó, que se cierre definitivamente el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona: "Es uno de los máximos exponentes del racismo institucional".

Lo ha dicho en las puertas de CIE de la Zona Franca en declaraciones en la prensa, y ha alertado de que el "racismo institucional" no es exclusivo de los Estados Unidos, en relación con el asesinato de George Floyd, y ha recordado que han pedido en reiteradas ocasiones que se cierre el centro, la última en una moción de Parlamento el 5 de marzo.

Ha afirmado que los hechos de los últimos días lamentablemente demuestran que existe racismo a Catalunya, en referencia a una presunta actuación policial racista por parte de Mossos d'Esquadra y un ataque a migrantes que ocupan un piso en Premià de Mar (Barcelona).

"No podemos denunciar lo que pasa fuera de nuestras fronteras y ser implacables con lo que pasa en casa nuestra", ha aseverado, y ha dicho que queda mucho trabajo por hacer y ha llamado a no cerrar los ojos ante esta realidad.

En este sentido, ha declarado que reclaman el cierre del CIE porque priva de libertad a personas, "muchas de las cuales no han cometido ningún delito", y sólo para estar en una situación administrativa irregular.

Fiscalizarlos

"Son centros opacos y no podemos fiscalizar lo que pasa dentro", ha lamentado Torrent, que ha asegurado que han pedido al Estado en varias ocasiones poder tener las competencias para gestionar esta cuestión.

El síndico, en su comparecencia, ha declarado que centros como estos son la peor solución, "los que menos respetan los derechos humanos", y ha aseverado que nadie tendría que ser privado de libertad por una irregularidad administrativa.

Ha puesto como alternativa a los CIE que personas en una situación irregular tengan un seguimiento desde la administración sobre la regularización de estos documentos, y cambiar las políticas de acogida con "un cambio radical en todas las administraciones".

Manifiesto conjunto

Las dos autoridades han firmado un manifiesto conjunto en que también han criticado que el Ministerio del Interior no permita acceder a los diputados de Parlamento en el centro, y Ribó ha lamentado que el Defensor del Pueblo tampoco pueda acceder mientras que en otras comunidades autónomas si han podido, ha asegurado.

En el manifiesto, concretan que la petición es el cierre definitivo del CIE barcelonés pero también el cierre progresivo de estos centros en el resto del Estado, y que se hagan reformas legales para impedir que medidas de control migratorio comporten privaciones de libertad.