Ha sido un abrir y cerrar de ojos. El expresident del Parlament y conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha hecho una breve declaración esta mañana en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). De hecho, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero sí que ha querido hacer unos matices sobre su acusación a preguntas de su abogado.
Pocas horas antes de participar en la mesa de diálogo con el Gobierno, Torrent ha tenido que pasar por el TSJC por haber permitido dos debates en el Parlament. Torrent ha declarado el primero, pero durante todo el día pasarán por el TSJC Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós y Josep Costa. El tribunal los investiga por un supuesto delito de desobediencia al haber permitido dos debates parlamentarios de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019 a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque podían vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional.
Roger Torrent ha entrado minutos antes de las nueve y media de la mañana en el tribunal y ha salido poco antes de las 10 h. El expresident, acusado de desobediencia porque no impidió los debates sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019, ha explicado que lo hizo para que el Estado no pueda amenazar cualquier debate parlamentario que no le guste.
El expresident, que consultó con los letrados del Parlament el debate, ha expuesto que "no fueron tajantes" sobre la ilegalidad de los debates, y sólo expresaron dudas, recordando la advertencia del Tribunal Constitucional.
Los dos debates
La resolución de rechazo a la sentencia del procés que condenaba a más de 100 años de prisión a los líderes independentistas se aprobó con 61 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. La apoyaron los diputados de JxCat, ERC y la CUP. Los representantes de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo y los del PSC y el PP —que se quedaron— no participaron en la votación. Las abstenciones son de los escaños de Catalunya en Comú. Un cambio de horario en el pleno permitió fintar al TC y aprobar el texto tres minutos antes de que llegara el correo informando de la suspensión.
La comisión de Empresa del Parlament aprobó una propuesta de resolución en que condenaba la guerra sucia económica del Estado después del 1-O. El texto, aprobado con los votos de JxCat, ERC y los comunes, también reprobaba la participación del rey Felipe VI y del exministro Luis de Guindos —del cual exigía la dimisión al BCE— en esta operación.
La resolución "condena la campaña para desestabilizar la economía catalana por parte del Gobierno del Estado" y "denuncia el grave peligro para la estabilidad económica y financiera de Catalunya" que eso causó. Además, insta a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a "exigir al Gobierno una explicación clara, detallada y transparente" sobre esta operación.