Òscar Valdés, el trabajador de Ryanair despedido después de que el ministerio del Interior le prohibiera entrar en las zonas restringidas del aeropuerto del Prat por su participación en los cortes del Pertús de Tsunami Democràtic, ya puede volver, aunque de momento no ha recuperado el puesto de trabajo. Según avanza este viernes El Punt Avui, cuatro años después de los hechos, el primer independentista represaliado laboral ya no figura en la 'lista negra' del departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaksa. Los últimos meses han sido especialmente fastidiosos para el afectado, y es que con el archivamiento de su causa judicial en septiembre del 2022, Valdés no entendía por qué se lo seguía vetando. Finalmente, sin embargo, la sede de la policía judicial de la Guardia Civil en Madrid le pudo confirmar que ya no aparecía en la base de datos porque no tiene antecedentes.
La Guardia Civil saca al trabajador de Ryanair de la 'lista negra'
Así, y ante la falta de antecedentes policiales, Òscar Valdés podrá volver a acceder al recinto del aeropuerto donde trabajaba como auxiliar administrativo para la compañía Ryanair, sin que de momento lo hayan readmitido en el trabajo. Solo hacía cinco días que el represaliado estaba contratado cuando Aena lo informó de que no tenía permiso para entrar en las instalaciones a causa de un veto impuesto por la Guardia Civil, el mismo cuerpo que lo identificó, durante su participación en los cortes de la Jonquera a raíz de la sentencia del juicio al procés promovida por Tsunami Democràtic. Según el medio citado, el senador de Junts Josep Lluís Cleries instó personalmente al ministro Marlaska para que resolviera la situación. El mismo partido también elevó a la Comisión Europea la injusticia de su caso.
Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí presentaron en enero una pregunta a la Comisión Junts denuncia que este hecho es un "caso de represión laboral contra un ciudadano europeo que ejerció pacíficamente su derecho a manifestación". Los eurodiputados independentistas de Junts preguntan a la Comisión Europea si avala "las actuaciones del Ministerio del Interior español con respecto al procesamiento de los trabajadores para ejercer su derecho a protestar pacíficamente". Además, también preguntan qué medidas emprenderá la Comisión Europea para "asegurar que España protege los derechos de libertad de expresión y de pensamiento".