La Inspección de Trabajo del Gobierno —que depende del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz— ha amonestado al gobierno de la Generalitat Valenciana que dirige el president Carlos Mazón por no haber avisado con suficiente tiempo y efectividad a sus trabajadores para que no fueran a los puestos de trabajo con motivo de la segunda DANA, el 14 de noviembre. Tal como ha adelantado eldiario.es, el inspector que firma el documento asegura que se puso "en riesgo grave e inminente" a los funcionarios de la Generalitat Valenciana que fueron a trabajar aquel día. La Agencia Española de Meteorología (AEMET) había dado aviso rojo, mientras que el País Valencià continuaba todavía en nivel 2 de Emergencias por la DANA que arrasó el territorio el 29 de octubre.

A diferencia de cuando se dio el primer temporal violento, el día anterior a esta segunda DANA, el miércoles 13 de noviembre, el gobierno de Mazón sí que suspendió las clases, actividades deportivas y centros de día, a la vez que envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la población en zonas de riesgo —el mensaje que el día 29 de octubre no se envió hasta las 20.11 horas, cuando ya había pueblos inundados—. Desde Trabajo, sin embargo, señalan al citado diario madrileño que no fue hasta las 22.23 horas del miércoles 13 que se colgó en la web del gobierno valenciano un aviso para que al día siguiente se redujera al máximo el movimiento de los trabajadores públicos valencianos.

Tal como relata el documento de Trabajo, si bien la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública puso este aviso a las 22:23 horas del día anterior, no se envió ningún correo electrónico ni ningún mensaje con la suficiente antelación que permitiera a los trabajadores públicos ser conocedores del peligro antes de salir al día siguiente hacia el trabajo. Además, reprochan cierta inacción y falta de iniciativa al gobierno valenciano para que "se trasladara a las mismas (trabajadores y trabajadoras) la responsabilidad de ser conocedoras de esta medida mediante la visita a esta página web cuando es la misma Administración autonómica la que, en su condición de empleadora, tiene que responsabilizarse de eso adoptante un comportamiento proactivo y no reactivo como ocurrió", afirma el inspector en el texto.

"La redacción de la circular en la hora indicada y sin que se diera la publicidad necesaria y con la antelación exigible, colocó a las empleadas y empleados públicos en la situación de riesgo grave e inminente en los términos establecidos en el artículo 21 de la LPRL, en relación con el artículo 41 del Real decreto ley 7/2024, de 11 de noviembre, teniendo en cuenta que la alerta roja se había declarado a las 18.16 horas del día 13 de noviembre de 2024 (...)", precisa el texto.

Función Pública elabora un protocolo

El órgano de la administración valenciana responsable de velar en este sentido por los trabajadores es Función Pública, que desde la reciente reestructuración del gobierno de Carlos Mazón ha pasado a manos de la Conselleria de Justicia y Administración Pública que lidera Nuria Martínez Sanchis. En el momento de los hechos investigados, Función Pública estaba en manos de Ruth Merino. Según explica el gobierno valenciano a eldiario.es, han elaborado ahora un protocolo de actuación en caso de emergencias que tiene que dar indicaciones precisas y coordinadas a los trabajadores "con la anticipación mayor posible" y que ha contado con el aval de los sindicatos y el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.