Pedro Sánchez tiene fama de buen negociador, para unos un mago, para otros un trilero. Cualquiera que sea su arte, sin embargo, está de nuevo a prueba. Asediado por el caso de tráfico de influencias contra su esposa y con una mayoría en el Congreso que se aguanta con pinzas, el PSOE se ha entregado a conseguir la investidura de Salvador Illa para apuntarse un triunfo en un momento extremadamente grave. Para conseguirlo, necesita el apoyo de ERC, una formación de la cual ya depende en el Congreso y que vive una grave crisis interna tras sucesivas caídas electorales y de los escándalos provocados por los ataques de falsa bandera revelados las últimas semanas. En este contexto, de las cuatro carpetas que ha abierto ERC en la negociación con el PSC, la financiación es la clave, y Esquerra reclama, de nuevo, el concierto económico. La vicepresidenta Maria Jesús Montero ha dejado claro que el Gobierno no cederá en este punto, pero la Moncloa ha activado diferentes planes B.

De entrada, según han publicado esta semana diferentes medios de Madrid, la Moncloa ha optado por recurrir al fondo de armario y volver a desempolvar algunos de los acuerdos que ya cerró el noviembre del año pasado para la investidura de Sánchez, pero que quedaron en la repleta carpeta de compromisos no ejecutados. No solo eso, la capacidad para vender la misma zanahoria no se limita a propuestas que duermen en la nevera desde hace meses, sino que incluso ha recurrido a acuerdos ultracongelados, pactados hace años y que habían quedado olvidados en el más profundo del congelador.

Rodalies y condonación

El diario El País, explicaba este viernes que se había llegado a un acuerdo para empezar el traspaso de la línea 1 de Rodalies. "Todo un gesto", según el diario, ante la negociación con ERC para la investidura de Illa. Lo curioso de este gesto no es solo que el traspaso de Rodalies ya fue pactado entre socialistas y Esquerra en noviembre del año pasado para garantizar el voto de los diputados de Gabriel Rufián a la investidura de Sánchez, sino que, además, el acuerdo de este jueves es para abrir un proceso que se iniciará el mes de enero del próximo año y "solo se trata de un compromiso para tener el documento cerrado en que se especifique los pasos a dar".

La estrategia de Sánchez se revela en este punto muy efectiva. El hecho de no materializar los acuerdos cerrados, en este caso para su propia investidura, sirve para volver a renegociar hasta el infinito con el mismo traspaso. Esta manera de actuar ya no sorprende a nadie, hasta el punto que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reclamado como un punto de las negociaciones el cumplimiento de los compromisos contraídos. De hecho, Rovira ha exigido un encuentro con Sánchez para abordarlo.

 

Condonación de deuda

El traspaso de Rodalies no es el único acuerdo com que el PSOE quiere seducir a ERC. También esta semana han publicado diferentes medios madrileños que el Gobierno ha ofrecido para investir a Illa, "acelerar" otro de los acuerdos que cerraron los dos partidos para la investidura de Sánchez, como es la condonación de 15.000 millones de deuda que la Generalitat ha contraído con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En este caso, además, haciendo correr el café para todos, ya que la Moncloa ha dejado claro que cuando este pacto se ejecute se extenderá al resto de comunidades autónomas.

Estos acuerdos que ahora pone el PSOE sobre la mesa figuran en el pacto firmado con ERC el pasado mes de noviembre para investir a Pedro Sánchez, donde también estaba el compromiso de crear una comisión bilateral para abordar la nueva financiación. La comisión se tenía que haber creado en el primer trimestre de este año, pero a la hora de la verdad no se ha constituido y ha pasado a hacer todavía más grueso el capítulo de acuerdos incumplidos, lo cual no ha impedido, sin embargo, volver a situar la financiación como pieza clave.

Consorcio

Es en este punto donde la efectividad de la estrategia de revender acuerdos una vez y otra, llega al grado máximo. Para investir a Illa, el PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa acuerdos cerrados hace más de 15 años y que nunca se han hecho efectivos. Este es el caso del consorcio con que el PSOE ha respondido a la reclamación de un concierto económico reclamado por ERC. El famoso consorcio se remonta al acuerdo del Estatuto del 2006. De hecho, no es ni la propuesta inicial del Parlament sino que es consecuencia de la rebaja que se aplicó en el Congreso con el cepillo que popularizó el socialista Alfonso Guerra.

El texto inicial aprobado en el Parlament preveía crear una Agencia Tributaria de la Generalitat responsable de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de "todos los impuestos soportados en Catalunya, salvo los de naturaleza local". Seis meses después, el recorte que el texto sufrió con su paso por el Congreso dejó en manos de la Generalitat solo los impuestos propios y los cedidos, mientras que el resto de los impuestos del Estado recaudados en Catalunya se mantenían bajo el control de la Administración Tributaria española. Para compensar la rebaja, la negociación entre el PSOE y CiU introdujo la creación un consorcio con participación paritaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la de Catalunya. Este consorcio se tenía que crear en un plazo máximo de dos años, pero no se llegó a hacer nunca. Y este es hoy uno de los puntales de la propuesta que el PSOE ofrece a ERC a cambio de investir a Salvador Illa, el acuerdo a que se llegó después de recortar el texto original del Parlament y que nunca se llevó a la práctica.

Todo ello, sin olvidar, además, que cuando el Estatut llegó al Congreso ya había superado una larga y agotadora negociación en el Catalunya durante la cual CiU había defendido incluir la reivindicación del concierto económico, la misma reivindicación que hoy reclama ERC, pero que en aquel momento tuvo que sacrificar en favor de un acuerdo entre los socios del tripartito.

Zapatero-Mas

El acuerdo final del nuevo Estatuto que se aprobó en el Congreso —y que tres años más tarde todavía tendría que sufrir un nuevo recorte a manos del Tribunal Constitucional- fue resultado de las negociaciones que cerraron CiU y el gobierno del PSOE, en buena parte a través de conversaciones que mantuvieron directamente Artur Mas y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Fue allí donde se encerró, entre otros, el acuerdo de crear un consorcio, dentro de un pacto sobre la financiación que en aquel momento ERC consideró insuficiente, hasta el punto que votó en contra con el argumento que en realidad no había cambio de modelo de financiación y que no aportaba más dinero a los catalanes, según denunció el diputado Joan Puigcercós. También los entonces negociadores de CiU admiten todavía hoy que era "una aportación tímida e insuficiente", que se quedaba a medio camino de aquello que preveía el texto estatutario, pero que se completaba con una cesta de impuestos detallados a través de las disposiciones adicionales y que dejaba en manos de la Generalitat la gestión del 52% de los impuestos.

El consorcio no se llegó a crear nunca, pero sí se creó la Agencia Tributaria a través de una ley del Parlament de julio del 2007, para gestionar los tributos propios de la Generalitat o los cedidos totalmente. No obstante, aquella Agencia que el Estatuto original preveía que gestionara todos los impuestos que pagan los catalanes, no llega a recaudar actualmente ni el 9%.

ERC no compra el consorcio

Aquel consorcio pactado en la Moncloa entre Zapatero y Mas, a pesar de no haberse creado nunca, vuelve a hacer servicio al PSOE. Los negociadores de la Moncloa ofrecen la creación de ese mismo consorcio, que tendría que estar funcionando hace 16 años y que forma parte de un pacto que el 2006 ERC tildó de insuficiente, como máximo triunfo en la negociación que mantienen abierta con ERC para la investidura de Salvador Illa.

Fuentes de Esquerra aseguran que no están dispuestos a "comprar" esta propuesta e insisten en reclamar el concierto económico. Pero desde la Moncloa aseguran que está sobre la mesa de la negociación con ERC. Los socialistas no esconden que forma parte de las disposiciones aprobadas —e incumplidas— en el Estatut y aseguran que se encargaría de recaudar el 100% de los impuestos, como no podría ser de otra forma dado que estaría integrada por la administración de Catalunya y la del Estado.

Fuera del régimen común

No obstante, los negociadores catalanes, tanto los que buscaron un acuerdo para la nueva financiación en el Estatut como los actuales, coinciden en asegurar que la única manera de garantizar un cambio en el modelo es que Catalunya quede fuera del régimen común que marca la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y consiga un concierto económico como el que tienen el País Vasco y Navarra. El elemento clave radica en poder gestionar y recaudar todos los impuestos de los catalanes, pero también de disponer de la capacidad normativa. A partir de aquí, desde Catalunya se tendría que acordar una aportación al Estado por los servicios que presta. La propuesta de financiación singular que ha llevado a Madrid al ejecutivo de Pere Aragonès también plantea hacer una aportación al fondo de reequilibrio territorial, lo cual no se ve con bonos en ojos desde Junts, desde donde se recuerda de que el concierto basco no incluye esta aportación.

Según la opinión de las dos formaciones independentistas, con la Constitución en la mano esta fórmula es posible, dado que ya se aplica al País Vasco y Navarra, y se puede concretar a través del artículo 150.2 de la Constitución, sobre delegación a las comunidades autónomas de facultades que son de titularidad estatal.

A pesar de los acuerdos —sistemáticamente incumplidos o no—, la financiación se ha demostrado siempre como un hueso difícil de roer en las negociaciones entre el Estado y la Generalitat. Y más aún en la situación presente, en la que ERC necesita exhibir una victoria clara y contundente si es que pretende que sus militantes acepten votar la investidura de Salvador Illa, mientras que el PSOE tendría que rebajar el contenido o preparar muchas cafeteras para evitar un alzamiento del resto de comunidades. El plazo para el acuerdo, según ERC, acaba pronto. La secretaria general ha advertido que el preacuerdo ha de estar cerrado antes que acabe este mes.