El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado 10 días al Ministerio de Presidencia para entregar las actas de las reuniones de la mesa de diálogo. Así lo ha decidido la organización después de que un ciudadano que las solicitó se encontrara con la negativa de La Moncloa. Concretamente, desde el CTBG piden que se den a conocer los informes o manifiestos políticos o jurídicos que se han compartido con la Generalitat durante las reuniones de la mesa de diálogo entre el ejecutivo catalán y español. Desde La Moncloa, sin embargo, aseguran que la mesa de diálogo no es un órgano de cooperación interadministrativa, sino "un foro informal de diálogo entre los dos gobiernos", argumento con el cual hasta ahora han sostenido su negativa a hacer públicos estos documentos.
En su resolución, el Consejo de Transparencia exige al ejecutivo de Sánchez que facilite los nombres de los integrantes actuales de esta mesa bilateral de diálogo, la relación de reuniones convocadas y realizadas, o pendientes de realizar, los acuerdos adoptados en este foro y también "los informes, manifiestos o pronunciamientos políticos o jurídicos adoptados en esta mesa o al amparo de esta". Además, quiere que, en el plazo de diez días, el Ministerio envíe copia de la documentación al CTBG para asegurar su cumplimiento. Si se niega, el Gobierno tiene la opción de interponer un recurso en los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo.
Para el Consejo de Transparencia, tiene que atenderse la petición de esta documentación "en la medida en que puede inferirse con claridad que se trata de información que obra en poder del sujeto obligado y que ha sido proporcionada únicamente de manera parcial sin la correspondiente actualización".
Los resultados de la mesa de diálogo
En la última reunión de la mesa de diálogo, celebrada a finales de julio, se dieron a conocer dos documentos relativos a la "desjudicialización" del conflicto político y al uso del catalán en la escuela. En el primer documento se abogaba por "avances graduales y concretos" que "se tienen que concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales". Aquel compromiso es precisamente la justificación de la posterior reforma legal para suprimir el delito de sedición y para modificar el de malversación, aprobada a final de año. El otro documento, de tres folios, incluía numerosos compromisos para que el Gobierno promoviera el uso del catalán en diferentes foros, además de comprometerse a apoyar el nuevo marco normativo que aprobó el Parlament para no dar curso a la sentencia que les obligaba a aplicar el 25% de la lengua española en las aulas catalanas.