El traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat permitirá que Catalunya pueda exigir el catalán a los inmigrantes si quieren evitar ser expulsados del país. La nueva Ley no lo exigirá por ella misma, pero es un instrumento que puede servir al Parlament para aprobar una nueva norma que, con las competencias en inmigración ya en manos de Catalunya, exija a los inmigrantes tener conocimientos sobre la lengua propia del país con el fin de tener el permiso de residencia. Así lo explican a este periódico fuentes de Junts, que admiten que si ellos gobernaran impulsarían una ley para que esta obligación fuera una realidad. Remarcan, sin embargo, que la correlación de fuerzas del Parlament no lo permite y que la Generalitat está ahora en manos del PSC de Salvador Illa; por lo que esta obligación no será, de momento, una realidad.
Este martes, en la rueda de prensa para explicar el acuerdo entre PSOE y Junts para hacer efectiva esta delegación, Carles Puigdemont ha defendido que el conocimiento del catalán tiene que ser un "elemento indispensable" para conseguir un "informe favorable" para obtener el permiso de residencia. Hay tres momentos en que el texto se refiere a la lengua catalana. En primer lugar, la norma apunta que el Estado y la Generalitat "cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus respectivas competencias para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya".
Y es en la exposición de motivos cuando se hace una relación de la necesidad de saber el catalán para integrarse en la sociedad catalana. En este apartado se defiende la existencia de un marco de "derechos y deberes" por parte de los catalanes y los recién llegados que "vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos que definen nuestra sociedad". Y, de la misma manera, se hace una defensa del "compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen a la sociedad catalana".
Por otra parte, el texto alude al impacto que tiene la inmigración "para la lengua catalana, que el Estatuto declara que es lengua propia" del país, y presenta la Ley como uno "nuevo contrato social" para "proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura". Y también se apunta que las facultades delegadas a Catalunya "se ejercerán en los términos consignados en el capítulo III del título I de la Ley orgánica 6/2006, del 19 de julio, de reforma del Estatut d'autonomia de Catalunya". Aquel Estatut defiende que los ciudadanos de Catalunya "tienen el derecho y el deber de conocer" las dos lenguas oficiales del país: el catalán y el castellano.
Los Mossos d'Esquadra en las fronteras
Junts per Catalunya y PSOE han pactado que los Mossos d'Esquadra puedan encargarse a partir de ahora de la expulsión de inmigrantes que tengan prohibida la entrada a Catalunya, así como que la policía catalana tenga presencia en las fronteras y trabaje de forma coordinada con la policía española y la Guardia Civil.
Los Mossos se encargarán de la seguridad de puertos, aeropuertos y otras zonas críticas. También se incrementará el número de efectivos de la policía catalana en 1.800, hasta llegar a los 26.800 agentes. Será la Junta de Seguridad, presidida por la presidencia de la Generalitat de Catalunya, la que determine qué papel jugará cada una de estas policías en la frontera.
La Generalitat también gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros y Catalunya se convertirá en la "ventanilla única" de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, y expedirá el documento de identidad de los extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado. Para más detalles, puedes clicar aquí.