La negociación de los presupuestos se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Salvador Illa, que hace apenas un par de meses soñaba tener aprobadas las cuentas el 1 de enero con el apoyo de los socios de investidura, Esquerra y Comuns. Sin embargo, ERC, después de superar las dos votaciones para ratificar a Oriol Junqueras en la presidencia, tiene que hacer frente ahora al congreso el 15 y 16 de marzo, donde se fijará el rumbo del partido tras las últimas sacudidas electorales y la crisis interna provocada por los ataques de falsa bandera. La nueva dirección del partido, que consiguió el aval de un ajustado 52% de la militancia, no se muestra especialmente motivada por entrar en una negociación sobre presupuestos con un gobierno que desde el minuto cero ha proclamado la aniquilación del pulso independentista. "Han cambiado las reglas del juego", sintetiza un representante republicano, que argumenta que Esquerra no puede asumir entrar en una negociación para los presupuestos cuando los acuerdos de investidura no solo no se han cumplido sino que ni siquiera figuran entre las prioridades del Pla de Govern de Illa.

De poco sirvió que este sábado Illa garantizara ante el consell nacional del PSC que los socialistas cumplirán íntegramente los acuerdos de investidura "como siempre". Pocos más tarde, y ante el consell nacional d'ERC, Junqueras insistió en una intervención de cinco minutos en "dejar claro" que ERC no tiene intención de llegar a nuevos acuerdos hasta que se cumplan las pendientes. En concreto advirtió que "es imposible" que exista una buena propuesta de presupuestos si no incorpora los ingresos y la mejora del modelo de financiación así como las infraestructuras acordadas, lo cual en este momento parece tremendamente complicado, dado que las reclamaciones de ERC sobre incumplimientos socialistas se remontan, según fuentes del partido, a los sucesivos pactos firmados desde el Estatut del 2006.

 

La de los presupuestos es la ley más importante de cualquier ejecutivo porque es la que marca sus prioridades, los objetivos a los cuales dedicará el dinero de que dispone. Al tomar posesión en agosto, Salvador Illa renunció a elaborar los presupuestos del 2024 y centró los esfuerzos en preparar los del 2025 para tenerlos aprobados el 1 de enero. A principios de noviembre, sin embargo, el Govern tiró la toalla y admitió que, ante la decisión de ERC de aparcar cualquier negociación para centrarse a su debate interno, no tendría los presupuestos a tiempo. No es nada extraordinario empezar el año sin disponer de las cuentas. Los últimos presupuestos aprobados dentro del plazo fueron los del 2022, como recuerda a menudo el entonces responsable de Economía, Jaume Giró. Antes de aquel proyecto hacía 15 años que no se conseguía sacar adelante esta ley dentro del plazo.

 

La trampa para ERC

Lo que sí es más sorprendente -y altamente preocupante para Illa- es no solo que la negociación presupuestaria esté bloqueada sino desconocer en pleno mes de enero quiénes serán los negociadores. El Govern ha insistido en reclamar a ERC que designe a sus negociadores, pero Esquerra se niega a mover pieza. En la sede de la calle Calàbria argumentan que el objetivo ahora es exigir el cumplimiento de los compromisos firmados el 30 de julio para votar a favor de la investidura de Illa y que, por tanto, el simple hecho de sentarse a negociar sería como caer en una "trampa". La secretaria general de ERC, Elisenda Alemany, comunicó esta semana que a la ronda sobre presupuestos convocada por la consellera Alícia Romero con todos los partidos acudirán los responsables del grupo parlamentario, Josep Maria Jové y Ester Capellà, pero a escuchar, no a negociar.

El tono desacomplejadamente españolista con que ha impregnado Illa el discurso de su ejecutivo no facilita el acuerdo con los de Junqueras. El gobierno del PSC ha convertido su llegada a la Generalitat en una exhibición de lo que se describe como la "normalización" política de Catalunya. El debate sobre el conflicto político o la denuncia contra la represión ha desaparecido del discurso oficial, aunque ocupaba el primer capítulo del acuerdo de investidura pactado con ERC el mes de agosto. La Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que se tenía que constituir en el primer pleno ordinario del Parlament, no se ha creado, y ha quedado aplazada sine die. Tampoco se ha puesto en marcha la oficina que tenía que montar el Govern, "con los recursos humanos y materiales para facilitar los trabajos de esta Convención" y desde donde, entre otros puntos, se tenía que hacer seguimiento de la aplicación de la ley de amnistía.

ERC reprocha que nada que haga referencia a este primer punto del acuerdo figura en el Pla de Govern del ejecutivo de Illa donde el término nación aparece una sola vez en 121 páginas, al igual que la palabra "soberanía", que figura en una sola ocasión y seguida del adjetivo "alimentaria". "El PSC no cree que hay un conflicto político, pero el 40 o 45% de independentistas que hay en Catalunya, sí," advierte un responsable del partido, que subraya la dificultad que representa apoyar a un gobierno que niega una cuestión que para la militancia de Esquerra resulta esencial.

Financiación y Rodalies

Tampoco sobre financiación singular, el acuerdo estrella para hacer posible la investidura, aparece ninguna concreción en el Pla de Govern, más allá de declaraciones genéricas. Según el pacto de investidura, con la nueva ffinanciación,la Generalitat tendrá que gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados en Catalunya a través de la Agencia Tributaria, empezando por el IRPF a partir del 2026. No obstante, en las 121 páginas del Pla de Govern en qué el ejecutivo de Illa enumera las actuaciones previstas en ámbitos muy específicos, la financiación aparece apenas como enunciado, sin ningún tipo de concreción, y no hay ni una referencia sobre ninguna actuación en la Agencia Tributaria de Catalunya para poder asumir la recaudación del IRPF, lo cual le obligaría a multiplicar por cuatro sus efectivos. Desde la conselleria de Economía, que encabeza Alícia Romero, se argumenta que ya se han puesto en marcha un grupo de expertos del ministerio y de la conselleria que tiene que abordar la propuesta del nuevo modelo de financiación y que un segundo grupo estudia hacer posible que la Agencia Tributaria de Catalunya asuma el compromiso de recaudar el IRPF de los catalanes a partir del 2026. Pero ERC exige que los acuerdos se materialicen.

Tampoco la respuesta sobre el traspaso de las Rodalies satisface al partido de Junqueras. De poco sirven los gestos de Illa, que este mismo viernes presentaba acompañado del ministro de Transportes, Òscar Puente, nuevos trenes, o los trabajos de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que anuncia novedades este mes de enero, Esquerra argumenta que la situación de las Rodalies es una "emergencia" pero que, no obstante, no figura como una prioridad del ejecutivo de Illa porque incomoda al gobierno de Pedro Sánchez. "Su criterio es afrontar los problemas en la medida en que no moleste en Madrid. Y así no podemos ir a ningún sitio", advierten.

El problema para el Govern en la negociación de los presupuestos ya no es de calendario, sino la incertidumbre que provoca el posicionamiento de ERC que, pendiente de una dinámica interna en plena ebullición, ha elevado el listón de exigencia a Illa, lo cual provoca que ya haya voces a ambos lados que no descartan la posibilidad de que no se consiga tampoco aprobar las cuentas del 2025. Con todo, desde la conselleria d'Economia se asegura que el ejecutivo sigue con su plan para disponer de presupuestos este año. De momento, el Govern ha convocado una ronda de contactos con partidos políticos y agentes sociales para explicarles el proyecto e intentar presionar a los socios de investidura. Pero, para ERC, las presiones de los agentes sociales son simples cosquillas al lado del desencanto que se ha instalado entre sus votantes y militancia.