Las primeras familias que plantan cara al 25% de castellano. Veintiocho familias de 30 niños de la clase de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en el Maresme, han presentado hoy un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que piden que "anule" su medida cautelar que obliga a realizar el 25% de las clases en castellano porque lo pidió una familia de su clase hasta que dicte sentencia. Lo han anunciado esta mañana en una rueda de prensa en Canet de Mar, en la que han asegurado que lo hacen porque "nadie" les ha permitido defenderse de ninguna otra manera contra una medida que consideran "injusta y arbitraria", que "se escapa a todos los criterios pedagógicos" y que no tiene "ningún argumento lingüístico ni social". En este "nadie" sitúan tanto la familia que ha pedido el 25% como el Departament d'Educació, que, ante la resolución, ordenó a la dirección del centro su cumplimiento.
El abogado de las familias, Benet Salellas, ha explicado que se han personado en este procedimiento como "codemandados", ya que se sienten directamente afectados en este procedimiento, y, por lo tanto, legitimados a presentarse. Además, en el recurso piden al alto tribunal que revoque la aplicación del 25% de clases en castellano hasta que se resuelva la demanda. "No hay ninguna base jurídica que avale el 25% de castellano, es una construcción de los tribunales", afirma con contundencia Salellas. El abogado asegura que el alto tribunal catalán se basa en una sentencia de Estrasburgo que "en ningún caso" avala la cuota del 25%. La novedad de este recurso es que se reclama por primera vez que el alto tribunal catalán justifique por qué se debe aplicar un 25% y no un 18%. Además, recuerda que el estado español suscribió la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales el 2001, y en concreto, defiende la protección de la inmersión lingüística. Uno de los argumentos repetidos del TSJC es que el castellano también es lengua vehicular en Catalunya, tal como estableció el Tribunal Constitucional al recortar el Estatut, en la sentencia del 2010.
Las familias, por su parte, han indicado que van a los tribunales, también porque creen que "el alumnado tiene que quedar al margen de cualquier tema político", y aseguran que "la demanda interpuesta por la familia denunciante tiene un cariz totalmente político" y "tiene como objetivo atacar el proyecto educativo del centro". Un proyecto educativo que, recuerdan, tiene "consenso" y "ha sido aprobado por el claustro y el consejo escolar".
Polémica
El diciembre pasado, centenares de padres, alumnos y ciudadanos se manifestaron en Canet de Mar "contra el ataque a la inmersión" que el Tribunal Supremo y el TSJC han efectuado imponiendo el 25% de castellano en las escuelas. Aunque la convocatoria inicial se había hecho en las puertas de la escuela Turó del Drac, que en las últimas semanas ha sido objeto de polémica por el caso de la familia de un alumno de P5 que pidió que se hiciera efectiva la sentencia del 25% de castellano, finalmente, la manifestación empezó unos metros más lejos y también asistieron diputados de ERC, Junts y la CUP.
La polémica lingüística volvió a afectar a todo el país el 21 de enero pasado, cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), recibida la notificación del Tribunal Supremo, dictó el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament d'Educació a la aplicación del 25% de horas en lengua castellana en todas las escuelas del país, lo pidan o no las familias. En la resolución, el tribunal da 10 días a la Generalitat para cumplir la orden, aunque todavía puede presentar recurso de reposición. Desde la resolución, ha habido un goteo de centros que han tenido que cumplir el 25% de castellano en aulas concretas a petición de algunas familias. Desde el Departament d'Educació se indicó que las órdenes del TSJC se tenían que cumplir, pero que protegería a los profesores. Las entidades educativas, aglutinadas en Som Escola, salieron a la calle para pedir que no se retroceda en la protección de la lengua del país.
El origen es un recurso del Ministerio de Educación del 2015 y la sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC dictó el 16 de diciembre de 2020 la polémica resolución que la comunidad educativa interpretó como un ataque a la inmersión lingüística pactada por todos los partidos políticos. La resolución fija que una asignatura que no sea la de lengua castellana tiene que ser hecha en este idioma. En el auto, el tribunal indica que cuando Educació reciba la orden tiene "diez días desde su comunicación para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la resolución". No obstante, se especifica que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia, tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa. Cuando pasen estos meses, será necesario que una parte implicada, como el Ministerio de Educación, pida su ejecución del 25% de castellano. El Tribunal no lo puede hacer de oficio.