Una manera de luchar contra la judicialización de la lengua. Ya son tres los institutos del Gironès que no impartirán el 25% de clases en castellano, tal como supuestamente ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya avalada por el Tribunal Supremo. Se trata de los centros educativos de Sarrià de Ter, Celrà y el Salvador Espriu de Salt, que han aprobado, un manifiesto donde aseguran que mantendrán "íntegros" sus proyectos lingüísticos inmersivos en catalán "de acuerdo con la normativa vigente y de acuerdo con el posicionamiento del Departament d'Educació".
El claustro y el consejo escolar de los centros aprobaron y suscribieron el manifiesto el pasado 24 de noviembre, justo el día siguiente de la sentencia. El director del centro de Sarrià de Ter, Albert Bayot, ha dicho que surgió a iniciativa de un grupo de profesores y que se aprobó por unanimidad. "Los centros educativos tenemos que decir qué pensamos porque si no se hace un uso político o jurídico y que lo que queremos es que se haga un uso pedagógico", ha remarcado. La dirección del centro hizo llegar el manifiesto a las familias de los alumnos y a toda la comunidad educativa. También lo remitieron a los diferentes institutos del Gironès y el Pla de l'Estany. De momento, se ha sumado el instituto de Celrà (que lo aprobó el 30 de noviembre) y el Salvador Espriu de Salt, que lo aprobó el 15 de diciembre.
Defender el modelo de inmersión lingüística como respuesta a las "injerencias" del sistema judicial es el objetivo del Manifest sobre el tractament de les llengües a l'institut, donde los centros educativos muestran su "indignación y rechazo al hecho de que un tribunal de justicia posicione sobre un asunto estrictamente pedagógico". "Pienso que cuando salen determinadas cosas que suponen una injerencia en nuestra difícil tarea de enseñar, los centros educativos tenemos que decir lo que pensamos porque si no se hace un uso político o jurídico", ha insistido el director del instituto de Sarrià de Ter.
Así, en el manifiesto quieren dejar claro que "no" están "dispuestos que unos técnicos de justicia quieran hacer de técnicos de pedagogía". El documento muestra la "indignación y rechazo" a un posicionamiento judicial sobre un "asunto estrictamente pedagógico". "Y que, además, lo haga sin los conocimientos suficientes para la garantía de rigor", añade.
Lengua propia y minorizada
Los institutos defienden que el catalán "es y tiene que ser la lengua vehicular en los centros de Catalunya porque es la lengua propia" y porque, de las dos lenguas oficiales, "es la que se encuentra minorizada por causas históricas, geográficas, demográficas y sociológicas". A causa de esta minorización, el instituto "tiene que dar al catalán el papel preeminente que le corresponde con el fin de contribuir a su conocimiento, a su uso y, también, a su pervivencia". "Necesita una protección especial, pero eso no se hace en detrimento de otra", insiste Bayot. De hecho, dice que tienen muchos alumnos recién llegados y algunos procedentes de países con el castellano como primera lengua. "Nosotros no hemos puesto nunca pegas a nadie y todo el mundo entiende el tratamiento que hacemos para que los alumnos sigan aprendiendo el castellano, pero también para que vean que hay otra lengua muy próxima que también pueden entender", añade Bayot.
Otra idea que defiende el documento versa sobre las lenguas en "sentido completo". "El proyecto lingüístico, cuya aprobación es una potestad del Consejo Escolar, ya deja bien claros los usos de cada uno de las cinco lenguas que se utilizan en el centro y del carácter de complementación que tiene el aprendizaje y el manejo de varios idiomas a la hora", continúa el manifiesto. Los institutos añaden, finalmente, que todas las lenguas "son objeto de respeto y que su conocimiento siempre será positivo y constituye un activo en favor del individuo que las aprende". La iniciativa surgió del instituto de Sarrià de Ter, el director del cual, Albert Bayot, fue nombrado director de los servicios territoriales de la Conselleria de Educació en Girona en el 2011, con Irene Rigau como consellera de Educació y Artur Mas como president de la Generalitat.
Imagen principal: El instituto de Sarrià de Ter / ACN