No es ningún secreto que las elecciones del 23 de julio dejaron un contexto complicado por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Una aritmética endemoniada que hace que el Gobierno necesite a todos los socios de investidura para sacar adelante sus propuestas legislativas. Si no quiere depender del PP, no se puede permitir que ninguno se oponga. Eso da un papel de preeminencia a ERC, a Junts, a Bildu, al PNV y, ahora también, a Podemos. Este puzzle permanente de votos es una de las causas que explica que en los primeros seis meses de la legislatura, de noviembre a mayo, el ejecutivo de coalición ha sido capaz de enviar solo tres leyes al Boletín Oficial del Estado: dos reales decretos ley que se convalidaron en enero y la ley de enseñanzas artísticas, que recibió la luz verde definitiva el pasado jueves. De momento, este es el limitado balance legislativo de la Moncloa. La amnistía, recibirá el ‘sí’ definitivo del Congreso el próximo 30 de mayo, será la cuarta.
El funambulismo al que se ha visto obligado Pedro Sánchez va acompañado de otro elemento que ha jugado un enorme papel: el clima electoral constante que ha habido en el Estado desde la investidura de Pedro Sánchez. Cuando hayan pasado las elecciones europeas, habrá habido cuatro citas con las urnas en cuatro meses: en Galicia, en el País Vasco, en Catalunya y en el Parlamento Europeo. Sin duda, la campaña electoral permanente que se está viviendo este primer semestre de 2024 dificulta la producción legislativa en dos vertientes, una más relevante que la otra. Por una parte, hay menos plenos y menos actividad parlamentaria. Por otra parte, y aquí radica el quid de la cuestión, es más difícil negociar y llegar a acuerdos, dado que para el Gobierno, ceder tiene un coste más alto y para los partidos que le dan apoyo, aprobarle iniciativas tiene menos incentivos (con la voluntad de marcar perfil propio).
Y no es menor que los cuatro principales aliados parlamentarios habituales de Sánchez hayan sido sometidos al escrutinio de las urnas y que, por parejas, hayan luchado en la pugna por el poder: Bildu y el PNV en el País Vasco y ERC y Junts en Catalunya. Todo eso son ingredientes que no han facilitado la gobernabilidad y no han favorecido que el Congreso legislara. Al contrario. Los socios se vigilaban de reojo y, en medio de todos, el PSOE tenía que entenderse con todos. Un claro ejemplo de eso fueron los presupuestos generalas del Estado: Pedro Sánchez renunció a ellos después de la convocatoria electoral en Catalunya sabedor que sería complicado sacarlos adelante en plena pugna entre Salvador Illa, Carles Puigdemont y Pere Aragonès.
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Dos reales decretos ley convalidados en seis meses
Esta es la radiografía política que nos permite hacer una aproximación a esta cuestión. ¿Pero cómo se pone de manifiesto esta realidad? Seguramente, el dato que ilustra mejor el temor del Gobierno a la derrota parlamentaria es que, en seis meses, solo ha enviado tres reales decretos ley a convalidar en el Congreso. Son normas que aprueba el Consejo de Ministros alegando que son casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y que la cámara baja tiene que sellar en un plazo máximo de treinta días. Los tres únicos que se han debatido hasta ahora son los famosos decretos de principios de enero: aquella votación taquicárdica que acabó con un acuerdo entre Junts y el PSOE que incluía, entre otras cuestiones, la delegación de las competencias en inmigración. Finalmente, en un pleno insólito (con votaciones telemáticas alargadas y un empate incluido), fue Podemos quien hizo caer una de las tres votaciones. Justamente, el decreto que había promovido Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda perdió el pulso contra los morados un mes después de que Podemos diera el salto al Grupo Mixto y abandonara Sumar. Por cierto, fue la sexta vez en democracia que el Congreso derogaba un decreto del Gobierno. De las seis, tres han sido con Pedro Sánchez en la Moncloa.
Después de sudar hasta el último minuto aquellos votos, y de quedar en evidencia durante todo el día, la Moncloa no se ha vuelto a someter a una votación así en cuatro meses. Pero eso cambiará muy pronto. Justo en las dos últimas reuniones Consejos de Ministros, se han aprobado dos reales decretos ley que tendrán que pasar el examen del Congreso en uno de los plenos que se celebrará durante el mes de junio. Uno contiene medidas sobre vivienda y el otro es la reformulación del decreto que Podemos rechazó. Por lo tanto, próximamente, la solidez de la aritmética parlamentaria se volverá a poner a prueba.
¿Y es habitual esta poca producción de reales decretos ley? La verdad es que no. Un examen estadístico comparativo elaborado por ElNacional.cat constata que es la segunda legislatura con un gobierno en plenas facultades que se han llevado menos reales decretos ley en el Congreso el primer medio año de mandato. Solo queda por detrás de la segunda legislatura de Felipe González (y de la legislatura en que Mariano Rajoy estuvo en funciones y se repitieron las elecciones). Los 35 del inicio de la decimocuarta legislatura son una excepción, dado que coincidió con el estallido de la pandemia de coronavirus, el estado de alarma y el confinamiento.
La semana negra del Gobierno en el Congreso
Y si alguien tenía dudas de este panorama delicado, esta semana se ha hecho evidente. La Carrera de San Jerónimo ha sido escenario de la fragilidad de la estabilidad de Pedro Sánchez. El PSOE se ha quedado solo dos veces en tres días. Primero, la cámara baja rechazó la ley contra el proxenetismo: el socio de coalición y los aliados habituales se opusieron y el PP, que anteriormente había mostrado sintonía en esta cuestión con los socialistas, aprovechó el contexto para dar una estocada al PSOE. El Congreso no rechazaba una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista desde 2015, cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta. Pero fue incluso más alarmante que el Gobierno se viera obligado a retirar in extremis la Ley del Suelo para evitar un nuevo porrazo. En este caso, el PSOE apeló directa y únicamente a un PP que, oliendo la sangre pocas horas antes de empezar la campaña electoral, decidió hacerle la zancadilla al Gobierno. Los populares pudieron colaborar a torpedear la ley porque, previamente, tres de los partidos que invistieron a Pedro Sánchez, Junts, ERC y Podemos, presentaron enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley.
De nuevo, los socios daban la espalda a Sánchez. Y la Moncloa optó por retirar la iniciativa y no jugar a la ruleta rusa durante la votación. De haberla perdido, habría sido la séptima vez desde la aprobación de la Constitución que la cámara baja cerraba la puerta a un proyecto de ley del Gobierno (previamente, se habían rechazado cuatro leyes y dos presupuestos generales del Estado). Los dos precedentes inmediatos eran socialistas: en 2019 con las cuentas públicas que ERC y el PDeCAT vetaron y condujeron a Sánchez a un adelanto electoral y en 2004, en los primeros meses de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
Ahora bien, no era la primera vez en esta legislatura que unas enmiendas a la totalidad provenientes de la mayoría de investidura hacían traquetear un proyecto de ley. Previamente, Junts y el PNV se opusieron frontalmente a la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Los juntaires presentaron el veto alegando que “invadía claramente las competencias exclusivas” de la Generalitat, pero lo acabaron retirando porque el Gobierno se comprometió a “blindar” el modelo sanitario catalán y “respetar” las competencias.
Leyes repetidas de la pasada legislatura que ahora han quedado aparcadas
Otro elemento que evidencia esta fragilidad es que hay leyes que la pasada legislatura, antes de la convocatoria precipitada de elecciones para el 23 de julio, estaban en la rampa de salida a punto de ser aprobadas en el Senado y que, en cambio, ahora se han estancado al inicio de su camino al Congreso de los Diputados. Tres casos: la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la ley de servicios de atención a la clientela y la ley de prevención de desperdicio alimentario.
Son tres normas que en mayo del año pasado, antes de la disolución de las Cortes Generales, se estaban estudiando en el Senado: la semana siguiente a la convocatoria del 23J tenían que votarse al pleno y, si no se hubieran introducido cambios, habrían estado preparadas para ir al BOE en menos de diez días. Cayeron en saco roto, la Moncloa las recuperó meses más tarde, poco después de la investidura de Sánchez, pero, de momento, han quedado en vía muerta. De hecho, la gran mayoría de proyectos de ley que ha impulsado hasta ahora el Gobierno (trece de los diecisiete) son iniciativas que decayeron la pasada legislatura y que el nuevo ejecutivo del PSOE y Sumar revivió. Esta parálisis está estrechamente vinculada a los cálculos aritméticos del Congreso y con la necesidad imperiosa de tener ligados todos los votos para evitar nuevos descalabros.
🔎 El PP pone en evidencia la debilidad parlamentaria de Sánchez en el Congreso
El PP presiona desde el Senado para ser protagonista de la actividad legislativa
En paralelo a la poca producción de leyes en el Congreso de los Diputados, el PP está sobreexplotando el Senado a la hora de hacer propuestas legislativas. En lo que va de legislatura, la cámara alta ha impulsado nueve proposiciones de ley que ha enviado al Congreso, que es donde tienen que arrancar su recorrido parlamentario. El PP, por ejemplo, ha sacado adelante iniciativas para permitir el desalojo de los okupas en 24 horas, para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, para reducir el IVA de las peluquerías o para ampliar la prisión permanente revisable. En algunos casos, incluso, los populares han tenido la complicidad de los socios de investidura de Sánchez. Es otra de las herramientas del PP para aprovechar el Senado como su gran bastión de oposición al Gobierno.
Ahora bien, como el PSOE y Sumar tienen mayoría en la Mesa del Congreso, pueden controlar los tempos de la actividad parlamentaria y, de momento, han condenado las proposiciones de ley del Senado al eterno cajón de las prórrogas del trámite de enmiendas, cosa que las aleja de poder ser debatida y votadas en la cámara baja. Permitir que continuaran su camino y someterlas a votación generaría el riesgo de sufrir una derrota parlamentaria de grandes dimensiones: no sería únicament que el Gobierno pedería una ley propia, como ha pasado esta semana, sino que la oposición aprovaría una contra su opinión y lo obligaría a aplicarla contra su voluntad.