Magistrados con historia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha designado a los tres nuevos magistrados que formarán parte de la comisión de control de las iniciativas legislativas populares (ILP) que tramita el Parlament, según ha informado el alto tribunal catalán en un escrito presentado este martes a la Mesa de la Diputación Permanente, reunida también este martes. Los tres nuevos magistrados son Félix Azón, Eduardo Rodríguez Laplaza y Núria Bassols, que sustituirán, los tres que renunciaron al cargo en marzo, coincidiendo con la admisión en trámite por parte de la Mesa, el 20 de febrero, de una ILP que propone una proposición de ley de declaración de independencia de Catalunya. La tramitación de esta ILP está suspendida por el Tribunal Constitucional a raíz de la impugnación promovida por el Gobierno.

Rodríguez Laplaza formó parte del TSJC que condenó al presidente Artur Mas  por desobediència al Tribunal Constitucional por haber organizado la consulta del 9-N del 2004, y actualmente continúa como magistrado de la sala del contencioso-administrativo del TSJC. Por su parte, Núria Bassols tuvo que dejar durante un tiempo la sala de lo civil y penal del TSJC porque su marido fue imputado en la causa del 3%, sobre financiación irregular de Convergència y caso pendiente de juzgarse. Y, Félix Azón fue director de la Guardia Civil del 2018 en el 2020, y actualmente es magistrado de la sala de lo social del TSJC.

Los magistrados suplentes

El TSJC también ha designado a Francisco Javier Sanz, Javier Aguayo y José Alberto Magariños como suplentes de los tres magistrados titulares. La comisión de control de las ILP la integran, además de tres magistrados designados por el TSJC, tres catedráticos de derecho constitucional o de ciencia política y tres juristas, los seis designados por la Mesa a propuesta de los grupos parlamentarios. El secretario del órgano es un letrado del Parlament, con voz pero sin voto.

 

La Fiscalía no denunciará incomparecencias

Por otro lado, la Mesa de la Diputación Permanente ha informado este martes que ha sido informada del archivo por parte de la Fiscalía de las diligencias que ha hecho a raíz de la petición del Parlament por las incomparecencias de los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y de los delegados del Gobierno  en Catalumya y en el País Valencià, Carlos Prieto y Pilar Bernabé, ante la Comisión de Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos Policiales del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de todo el País. La Mesa del Parlament, en la última reunión de la legislatura, el 18 de marzo, acordó, a petición de la presidenta de esta comisión, trasladar al Ministerio Fiscal las incomparecencias para que analizara si había responsabilidad penal en esta actitud, que ahora se ha descartado.

Paralelamente, también se detalla que la Mesa “ha analizado la situación de los procedimientos de oficio y de las actuaciones informativas emprendidos  por el Parlament el diciembre del 2023 a raíz del informe de la Oficina Antifraude de Catalunya sobre algunas actuaciones de la Administración  parlamentaria. La Mesa ha decidido cerrar dos revisiones de oficio, relativas a las oposiciones de letrado y de ujieres, y dos actuaciones informativas, relativas a la concesión de diez licencias por edad y en la constitución de una bolsa de ujieres, y ha acordado que no era procedente hacer ninguna otra actuación.