El Tribunal regional de Schleswig-Holstein cada vez tiene menos tiempo para decidir si extradita o no el presidente Carles Puigdemont. La última noticia que llega de la justicia alemana es que se ha pedido al juez Pablo Llarena el escrito donde el exministro Cristóbal Montoro explicaba por qué había dicho a la prensa que no se había utilizado "ni un euro" de fondo públicos para financiar el referéndum, según publica El Español.
"Yo no sé con qué dinero se pagaron estas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Eso es lo que decía el titular de Hacienda Montoro el pasado 16 de abril; acto seguido el juez Llarena envió un requerimiento al ministro para que explicara en qué se basaba para negar el uso de fondos públicos para el 1-O.
Ahora quien reclama este escrito es la Audiencia del land alemán, por petición de la fiscalía. Los jueces alemanes han aceptado la petición realizada por la defensa de Puigdemont, que niega el uso de dinero público. Hay que recordar que la justicia de Alemania ya negó la entrega del presidente catalán por rebelión y tampoco aceptó la imputación por malversación.
En el texto que Montoro envió a Pablo Llarena, se desgranaron los "mecanismos de control" que él aplicaba sobre los gastos de la Generalitat desde noviembre de 2015 hasta septiembre de 2017, momento en que Montoro explicaba que "se había reforzado el control".
El ministro de Hacienda reiteraba en el informe que ni las urnas ni la manutención de Puigdemont en el extranjero se habían pagado con dinero público. Además, añadía que si había habido malversación solo podría haber ocurrido "por un delito de falsificación de un funcionario con tratos con algunos proveedores a favor del procés".
Montoro defendía que los mecanismos de control a las finanzas catalanas no habían detectado ningún desvío, pero apuntaba que el Govern podría haber "eludido el sistema de control de pagos" y que lo tendría que aclarar la investigación judicial.
"Estos mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial sobre aquellas acciones u omisiones con relevancia penal que se hayan producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de pagos", defendía al ministro. Además, apuntaba que cualquier "sospecha" se había puesto en conocimiento de la justicia.