El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido hoy por unanimidad los recursos que había pendientes todavía sobre la mesa en el caso 1-O. La admisión a trámite llega tarde en algunos casos, como por ejemplo la prohibición del Tribunal Supremo que Jordi Sànchez pudiera asistir a su propia investidura como presidente de la Generalitat, pero el TC acepta estudiarlos.

Entre las aceptaciones a trámite están los recursos de amparo de Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa contra la orden de detención preventiva del Tribunal Supremo. La providencia considera que en los recursos concurre "una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el cual no hay doctrina de este tribunal".

Romeva, Forcadell y Bassa argumentan la vulneración de los derechos siguientes: a juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial por imposibilidad de recusación los magistrados del TC; derecho a la libertad y a la participación política; derecho a la libertad ideológica; a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.

 

 

El recurso de Jordi Sanchéz contra el auto que confirma la sanción disciplinaria del centro penitenciario de Soto del Real y contra el auto del Supremo que deniega el permiso a un preso preventivo para asistir a la investidura.

De Carles Puigdemont y más de 30 diputados, acepta a trámite el recurso sobre la resolución del Supremo que le impedía ejercer su cargo público representativo. El recurso incluye Jordi Turull y Josep Rull y pone de relieve que la decisión del Tribunal Supremo "vulneraba el derecho fundamental de los diputados y diputadas del Parlamento de Catalunya a ejercer su cargo público representativo en condiciones de igualdad (art. 23 CE)".

El Tribunal aprecia que concurre en el recurso de amparo una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho constitucional sobre el cual no hay doctrina de este Tribunal ".

 

 

Además el Tribunal Constitucional también acepta los recursos de Ciudadana contra los acuerdos del Pleno de la Mesa del Parlamento del 7 y 8 de septiembre de 2017 donde se tramitó la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. La providencia razona que en este caso concurre una "especial trascendencia constitucional para que pudiera tener unas consecuencias políticas generales".