El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra la creación del fondo creado por el Govern para avalar las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a cargos y excargos de la Generalitat por presuntas irregularidades en la política de acción exterior. El responsable jurídico de Vox, Juan Cremades, ha asegurado que se trata de "un primer paso que demuestra que el partido va a dar todas las batallas en los tribunales para que se respete la legalidad" en Catalunya, recoge la formación este domingo en un comunicado.

Tal y como defendió el conseller de Economia, Jaume Giró, en el día de su creación, se trata de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que, en palabras del conseller, tiene el objetivo de "proteger a todos los servidores públicos". El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha defendido que el partido tiene la intención de poner fin a una etapa "nefasta, liderada por el separatismo y sus correas de transmisión". En un comunicado, Garriga ha asegurado que el partido no ha llegado al Parlament para “calentar la silla”, sino para poner fin a esta etapa que solamente ha comportado “ruina y división”.

Fiscalía se opone 

Por otro lado, el lunes, la Fiscalía Superior de Catalunya se opuso a la admisión a trámite de las querellas y denuncias de Vox, Cs y Convivencia Cívica Catalana contra el Govern por la aprobación del decreto ley de los avales del Institut Català de Finances a los encausados por la acción exterior de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas. "La mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre a un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por lo tanto, un delito de malversación de fondos públicos", dice el escrito del ministerio público.

Avales rechazados 

A mediados de octubre, el Tribunal de Cuentas rechazó los avales del ICF para cubrir las fianzas de 5,4 millones que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat a los cuales responsabiliza de dedicar fondos de política exterior del Govern a la promoción del procés. La resolución se hizo pública el mismo día en que la Moncloa y el PP consiguieron llegar a un acuerdo para desbloquear la renovación, entre otros, de este Tribunal​. Antes de ser apartados, los miembros de este órgano resolvieron sobre la carpeta independentista que tenían desde antes del verano sobre la mesa.

El ICF asumió estos avales después de que ninguna entidad bancaria quiso responder ante el Fondo Complementario de Riesgos creado por la Conselleria d'Economia para cubrir las fianzas. La delegada instructora del caso, Esperanza García, argumenta que ni la legislación existente ni el propio decreto del Govern sobre el Fondo Complementario amparan "las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". 

En la imagen principal, Ignacio Garriga, líder de Vox en Catalunya / Sergi Alcàzar