El lleno del Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad la suspensión del Plan de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea aprobado por el Govern el junio pasado. El Alto Tribunal admite así el conflicto de competencias planteado el octubre pasado el Gobierno, que consideró que la normativa menoscababa las competencias del Estado.

El pleno del tribunal ha alcanzado por unanimidad la suspensión cautelar solicitada por el Ejecutivo y avalada por el Consejo de Estado contra el Plan. Lo ha hecho después que el ejecutivo español pides la suspensión inmediata después de que el Govern contestara negativamente al requerimiento de incompetencia que se le remitió en agosto.

La suspensión tiene efecto desde el 28 de octubre, cuando el ejecutivo español interpuso el conflicto positivo de competencia. Ahora, el TC da traslado al Govern que aporte los documentos y alegaciones que considere oportunas. El Plan de Acción Exterior recoge la estrategia de relaciones exteriores del gobierno así como el mapa de delegaciones en el exterior, con un total de 127 actuaciones.

El Gobierno, concretamente su ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha concentrado todos sus esfuerzos al anular la acción exterior del Govern. El julio pasado pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cerrar cautelarmente las delegaciones del Gobierno en Berlín, Londres y Ginebra al considerar que estaban "al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional", petición que fue desestimada por el tribunal.

Más recientemente, Borrell ha recorrido ante los tribunales la apertura de las delegaciones catalanes en Argentina, México y Túnez.

Los argumentos de Gobierno

El Ejecutivo central acordó el 18 d'octubre impugnar ante el Constitucional el plan de acción exterior de la Generalitat al entender que menoscaba las competencias del Estado en política exterior vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, argumentó que el plan no menciona otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinarla y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza. Y todo ello, añadió, enmarcado en el contexto en el que ha sido aprobado, que, en palabras del Consejo de Estado citadas por la portavoz, es el de "un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España".