El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado las fórmulas de acatamiento que utilizaron los diputados independentistas en el pleno de constitución del Congreso del 21 de mayo del 2019, cuando hicieron referencia a la "República catalana" y al "mandato del 1-O" para jurar la Constitución española. Así, los magistrados, divididos, han rechazado un recurso interpuesto por el Partido Popular contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que consideró estas fórmulas como válidas. Según los populares, mencionar la Rrepública catalana", así como los "presos políticos" invalida el acatamiento y vulnera la doctrina del TC y los derechos del resto de los diputados. El tribunal, sin embargo, ha discrepado y ha concluido que la decisión de Batet no afectó al resto de los diputados.
Según la resolución, el TC argumenta que impedir que asumieran la condición de diputados habría generado una situación de desigualdad con respecto a otras fórmulas de acatamiento verbalizadas por representantes de otras formaciones. Los magistrados concluyen que "no queda acreditado que la decisión de la presidenta del Congreso haya incidido, recortándoles los derechos y las facultades que conforman el estatus propio del cargo de diputado del Congreso del cual son titulares los demandantes". En esta línea, la resolución afirma que "no se ha producido un trato desigual entre los diputados, ya que fueron validadas todas las fórmulas de acatamiento", apuntando que "la pretensión de los demandantes que se tenía que haber dispensado un trato diferente a los concretos 29 diputados que utilizaron fórmulas de acatamiento añadidas encierra una petición de que se dispense un tratamiento diferente entre supuestos que entienden como desiguales, que no queda amparado por el principio de igualdad".
En concreto, ocho diputados del PP firmaron un recurso en contra de las fórmulas utilizadas el 21 de mayo de 2019 por los diputados soberanistas cuando juraron la Constitución española. "Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y por la República catalana, sí, prometo por imperativo legal", afirmaron los miembros de ERC en el Congreso de los Diputados, mientras que los de Junts prometieron la Carta Magna "por imperativo legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya". Unos juramentos que no gustaron a la derecha española y que, en el mismo pleno del Congreso, provocaron las protestas del PP, Ciudadanos y Vox.
Un tribunal dividido
El acuerdo del Tribunal Constitucional se ha adoptado con el voto de todos los magistrados progresistas, menos el del exministro Juan Carlos Campo, que no se ha presentado en el pleno y se ha abstenido. En cambio, los cuatro magistrados conservadores han votado en contra, y tres de ellos, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han hecho un voto particular, donde han discrepado de la decisión de la mayoría.