Decisión importante en el Tribunal Constitucional (TC). La sección de vacaciones del órgano de garantías será dominada por magistrados progresistas ante la posible detención del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que mantiene su compromiso de volver a Catalunya si hay un pleno de investidura en el Parlament. El magistrado Pablo Llarena ya ha dejado claro que no aplica la amnistía a Puigdemont ni a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y les mantiene la orden de detención en el Estado español. Así, que una posible detención de los actuales diputados de Junts, primero tiene que pasar por el Supremo, y después pedir amparo al órgano de garantías. Actualmente, el Constitucional es dominado por una mayoría progresista (7 a 4), a pesar de que la sección de vacaciones podría haber tenido una composición conservadora y repetir la resolución conflictiva en la cual rechazó un recurso de amparo de Puigdemont, el verano pasado.
Según ha informado el Tribunal Constitucional este lunes, del 1 al 16 de agosto, formarán la sección de vacaciones: la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, mano derecha del presidente Cándido Conde-Pumpido, y la también progresista María Luisa Segoviano, con el conservador Ricardo Enríquez. Y del 17 al 31 de agosto estarán los magistrados progresistas Ramón Sáez y Laura Díez y el magistrado conservador César Tolosa.
La polémica decisión del TC
El 9 de agosto pasado la sección de vacaciones —formada por los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Laura Díez— inadmitió un recurso de amparo Carles Puigdemont y Toni Comín contra su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. La magistrada Díez expresó en un voto particular su disconformidad, porque considerada que no era urgente la resolución y que había que llevar la petición de los políticos al pleno del TC, todo y que en el fondo compartía que no se les había vulnerado ningún derecho por parte del Tribunal Supremo. En el caso actual, sí que habría una urgencia, si se cumple la orden de Llarena de hacer detener Puigdemont y Puig si ponen un pie en territorio español.
El Supremo duerme la amnistía
Actualmente, el magistrado Llarena todavía tiene que responder los recursos de reforma presentados por la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, encabezada por Gonzalo Boye, contra su decisión del 1 de julio pasado de negarles la amnistía, al sostener que con el 1-O se enriquecieron, una excepción para no aplicar la norma. El instructor del Supremo también preguntó a las partes si tenía que llevar la ley al Constitucional, al considerar que vulnera derechos. La respuesta del penalista ha sido contundente:acusa al juez de dormir la causa, puesto que el agosto es inhábil, si no son causas urgentes, y de apoyarse en Vox, ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado no comparten su criterio.
Y es que después de la negativa de Llarena, los diputados de Junts tendrán que presentar un recurso de amparo a la sala de lo penal del Supremo, encabezada por Manuel Marchena, que, como mínimo, dará 5 días a las partes, y, por tanto, su respuesta se puede aplazar hasta septiembre. El Supremo no tiene ningún plazo porque al haber hecho la primera resolución sobre la ley de amnistía no tiene la obligación de los dos meses marcados por la ley, según la opinión de juristas consultados. El procedimiento se podría acelerar algo más si Puigdemont y Puig son detenidos. Pero nadie se aventura a poner plazos.