El Tribunal Constitucional (TC) mantiene vigente la orden de detención del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en España, según ha adelantado El País y ha confirmado la ACN de fuentes próximas al alto tribunal. Según estas fuentes, la cuestión ya ha sido deliberada, a pesar del escrito todavía está pendiente de ser firmado por todos los magistrados.
El orden también afectaría al conseller de Salut, Antoni Comín, ya que los dos fueron declarados en rebeldía por el Tribunal Supremo. El TC también habría decidido rechazar que sea procedente en esta fase una nueva consulta o cuestión prejudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la cuestión de la inmunidad de ambos como europarlamentarios.
De esta manera el TC daría la razón a los escritos del Tribunal Supremo que consideraban que las órdenes de detención tenían que seguir vigentes, recurridas por Puigdemont y Comín.
Las órdenes de detención de Puigdemont y Comín
Los dos políticos en el exilio recurrieron los diferentes autos del Supremo que mantenían activas las respectivas órdenes de detención durante el 2019. Los recursos, sin embargo, no prosperaron y ambos presentaron la cuestión delante del TC por una vulneración de sus derechos fundamentales, y por su condición de miembros de Parlamento Europeo.
Los eurodiputados Toni Comín y Carles Puigdemont, president en el exilio, en el Parlamento Europeo. / ACN.
El abogado Gonzalo Boye, defensa de los dos exiliados, ya dijo en su momento que el mantenimiento de las órdenes de detención vulneraba sus derechos a "acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos" y es un ataque a su derecho de representación política.
La decisión del TC
El Tribunal Supremo consideró que "los indicios racionales de criminalidad" persistían e "intensificaban incluso el riesgo de que los procesados rebeldes buscaran sustraer en la acción de la justicia española".
Por su parte, el TC ratifica esta interpretación y considera que "no procede la suspensión" del orden de detención de Puigdemont y Comín "porque tal suspensión implica la perturbación de la función jurisdiccional, y supone una injerencia de la jurisdicción constitucional".
Imagen principal: El president en el exilio, Carles Puigdemont. / ACN