Nuevo portazo del Tribunal Constitucional, que suspende ahora la comisión sobre la violación de derechos fundamentales el 1-O creada por el Govern de Carles Puigdemont justamente el 2 de octubre, día después la celebración del referéndum.
El Alto Tribunal lo ha dado al admitir a trámite el recurso del gobierno del PP y, al hacerlo, queda anulada automáticamente.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ya solicitó a la Abogacía del Estado que ejerciera acciones legales contra el acuerdo del Govern por el cual se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales a Catalunya, "con la finalidad de restablecer la orden constitucional y legal".
Rechazo de los jueces
Cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, que representan la práctica totalidad del sector, rechazaron la decisión del Govern de crear una comisión especial de investigación de las violaciones de los derechos fundamentales para ayudar a las víctimas de la violencia policial desatada el 1 de octubre.
En un comunicado conjunto, las siete asociaciones quieren "dejar constancia" de su "rotundo rechazo" a la comisión de investigación entendiendo que se trata de un "órgano innecesario", ya que a su parecer "los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidas por la Constitución y la ley".