El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha enviado a la Fiscalía General del Estado un informe en el que solicita que se investiguen las posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes de la Generalitat por uso de dinero público en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017, según avanzan El Mundo y El País.
En concreto, el Tribunal de Cuentas pide que se examine si el Govern de Carles Puigdemont destinó fondos públicos para el 1-O cuando ya había sido ilegalizado, contando con el precedente de la condena a Artur Mas y miembros de su Govern por la organización de la consulta del 9-N del 2014.
La investigación nace a partir de una denuncia presentada por las entidades españolistas Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que consideran que Puigdemont y su Govern deberían abonar, de su propio patrimonio, unos 89 millones de euros que incluirían los 87 millones que costó el desplazamiento de policías a Catalunya para hacer frente al operativo.
La denuncia fue presentada por los abogados Manuel Zunón y Manuel Miró y considera que el govern de Puigdemont generó esos gastos al realizar el referéndum pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Paralelamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también presentó una denuncia al Tribunal de Cuentas para reclamar a Puigdemont, su Govern y otros altos cargos de la Generalitat el dinero usado por el mismo motivo. Sin especificar la cantidad, el ministerio público calculaba unos 8 millones de euros teniendo en cuenta lo documentado en los procedimientos penales abiertos, en el Supremo y en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
También investiga la proyección exterior
Además, según ha avanzado El País, también se ha remitido un informe en el que se solicita la investigación de posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes de la Generalitat de Catalunya por el uso dado al dinero público "en el ejecución de las políticas de acción exterior "a favor del proceso independentista entre 2011 y 2.017. La conclusión del fiscal se basa en un amplio informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso el medio citado, que se votará en el pleno del organismo este jueves. El dinero bajo sospecha supera los 7,3 millones de euros.