Respuesta durísima. La resolución del Tribunal Cuentas para revocar el veto que él mismo había impuesto a los avales del Institut Català de Finances (ICF), presentados por los presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exaltos cargos del Govern para cubrir los 5,4 millones de euros fijados como liquidación provisional por la acción exterior del Govern del 2011 a 2017, recoge términos muy duros contra la negativa a aceptarlos de la delegada instructora, Esperanza García. Afirma que la resolución que los rechazó como garantía "carece de contenido jurídico al expresar un proceso deductivo, irracional o absurdo por estar construido sobre una premisa errónea, cuál es la atribución de funciones judiciales". Así consta en el borrador de auto preparado por la consejera María del Rosario García, que asumió la ponencia cuando tanto ella como su compañero de sección, Diego Íñiguez, rechazaron el texto que había preparado la ponente original, Rebeca Laliga, partidaria de ratificar la negativa a aceptar la garantía del ICF.

El documento explica en 32 páginas por qué deben estimarse los recursos de las defensas  de los cargos catalanes, y, por tanto, admitir como fianzas los avales del Govern, recogidos en un decreto ley, confeccionado por el Departament d'Economia, que encabeza Jaume Giró. En ellas son continuas las críticas a las conclusiones a las que llegó la instructora, que a diferencia de ellos no es elegida por las Cortes, sino que es trabajadora del Tribunal de Cuentas. Se pueden leer expresiones como "yerra la instructora cuando se atribuye la declaración" de la existencia de "dolo o culpa" en la actuación de los encausados, lo que imposibilitaría hacer uso de los avales, según ha avanzado hoy  El Periódico de Catalunya.

Proceso

En la resolución, se señala que "su argumentación es incorrecta y lo es porque la interpretación que lleva a cabo del decreto-ley" del Govern con el que se habilitaron los avales "incurre en errores manifiestos", como que la delegada instructora realizó "un espigue de artículos al escoger solo algunos o parte de ellos y obviar otros o su total enunciado" de acuerdo con la decisión que iba a adoptar. Y, por si eso no fuera suficiente, afirma que "los que escoge no están correctamente interpretados ni leídos en su integridad". Como colofón, insiste: "Se ha incurrido, tanto en la premisa como en el desarrollo argumentativo, en un error patente de tal índole que no puede ser consagrado por esta sala".

La causa del 1-O, con una fianza ya depositada de 4,2 millones de euros, y la de Exteriores, con 5,4 millones de euros, se juzgará de forma conjunta. Ahora la fiscalía ha de informar  si mantiene la acusación contra 34 excargos políticos, o la rebaja a once, como ha efectuado recientemente Sociedad Civil Catalana.  En concreto, la demanda de Sociedad Civil Catalana va dirigida contra: los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras, las conselleres Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Neus Munté, y los consellers Toni Comín, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluis Puig i Francesc Homs. La entidad españolista ha excluido del proceso al xconseller Andreu Mas-Colell, que inicialmente tuvo que avalar con su patrimonio.