El Tribunal de Cuentas ha condenado Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis acusados más a devolver 4.946.788,16 euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. El tribunal considera que han tenido una responsabilidad contable y que utilizaron dinero público.
La condena es solidaria y, por lo tanto, tendrán que aportar el dinero entre todos, aunque el expresidente Artur Mas está considerado el máximo responsable y tendría que asumir lo que no aporten el resto de condenados. La sentencia no es firme y se puede recurrir en la Sala de Justicia del mismo tribunal y, como última instancia, delante de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Cuentas reclamaba inicialmente 5,2 millones de euros, un dinero que ya se ha aportado en forma de fianzas entre efectivos 2,8 millones de euros y el resto en forma de avales con inmuebles y propiedades de los acusados.
La sentencia tiene en cuenta los gastos derivados de la campaña institucional para informar del proceso de participación ciudadana y las campañas publicitarías, valorado todo por más de 1.600.000 euros; la compara de los ordenadores que costó 2.786.347 euros; y todo el que se hizo al CIRE, urnas, sobras, papeletas, más el transporte de llevarlo a los puntos de votación, unos 160.000 euros; así como toda la factura del CTTI relativa a webs y comunicaciones, unos 700.000 euros.
El gasto que según la sentencia tendrá que pagar la cúpula del Gobierno de Artur Mas alza casi a 5 millones de euros y detalla qué responsabilidad tiene cada uno de ellos y el importe que tendrían que abonar de la cantidad final.