Nuevo paso del Tribunal de Cuentas contra el 1-O. El Tribunal de Cuentas ha dado 10 días hábiles (hasta el 17 de mayo) a las defensas del president en el exilio y eurodiputado por Junts, Carles Puigdemont, del expresidente Artur Mas, del exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y de los 32 excargos de la Generalitat, demandados por supuestamente haber desviado fondos públicos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern, para que presenten sus conclusiones, según una notificación comunicada este martes. Después, la consejera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento, Elena Hernánez, dictará sentencia. La resolución podría llegar justo con la aprobación de la ley de amnistía del Procés, que se prevé a finales de mayo o principios de junio, hecho que implicará que se extinga toda responsabilidad en las causas independentistas, desde las penales, a las civiles y la contable, como es este caso.
En su escrito, la Fiscalía ha mantenido que los 35 encausados tienen que volver cerca de 3,1 millones de euros de manera conjunta y solidaria al considerar que "el menoscabo" causado a la Generalitat "es real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio". Por su parte, Sociedad Civil Catalana también ha fijado su petición de reclamar 5 millones de euros a Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Francesc Homs, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Neus Munté.
Los otros demandados
En la causa del Tribunal de Cuentas, también son demandados nueve personas que fueron procesadas, por la vía penal y pendientes de juicio, por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por organizar el referéndum de 2017, como por ejemplo el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Joaquim Nin; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Treball Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat, Albert Royo.
Además, también son demandados los exdelegats de la Generalitat en el extranjero, como los de los Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados al exterior que todavía permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Dinero depositado
Los 5 millones exigidos ya fueron aportados en la cuenta corriente del Tribunal de Cuentas, con donaciones en la Caixa de Solidaritat y avales del Institut Català de Finances, como concepto de fianza, que en el último caso tendrían que ser devueltos a la institución pública si los excargos son considerados responsables contables y tienen que aportar el dinero a la Generalitat, que no reclama al considerarse no afectada.
Recientemente, abogados de ERC reclamaron al Tribunal de Cuentas que se parara el cómputo de los intereses de demora hasta que no haya una sentencia, y es que en el caso del 9-N, el gobierno de Mas tuvo que abonar 1 millón de euros en intereses. La sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha descartado que se pueda articular una manera legal para pararlos, y Esquerra considera que se vulnera el derecho de defensa de los demandados porque si no se declaran culpables no hay ninguna forma legal de frenar los intereses de demora.