Deberes pendientes. A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, el Tribunal de Cuentas tendrá que devolver los 2,9 millones de euros a la Caixa de Solidaritat, que aportó para asegurar la responsabilidad de la causa del 1-O, en qué inicialmente la instructora reclamaba 4,1 millones (sumando los intereses). También tendrá que devolver los 2 millones que ERC depositó en la causa de Exteriors, donde se tuvieron que aportar 5,4 millones de euros, con dinero y patrimonio personal el octubre pasado. Este retorno obligado es el resultado de la demanda presentada por la fiscalía, y conocida ayer, en qué finalmente rebaja la reclamación por la organización del Referéndum a 1,2 millones (2,9 millones menos de lo inicial) y la promoción de la independencia del país en el exterior, en 2,2 millones (3,2 millones menos). El tribunal se rige por el principio acusatorio, y como la reclamación de Sociedad Civil Catalana es inferior a la de la fiscalía, se tendrá que devolver el dinero en metálico que ahora sobra. Además, en la causa de Exteriors, se podrán levantar los embargos particulares, ya que la sala rectificó recientemente a la instructora y acepta que las fianzas se puedan cubrir con los avales del fondo de la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF) y gestionados por el Departament de Economía.
La Caixa de Solidaritat, creada y nutrida con aportaciones de ciudadanos para hacer frente a la cacería económica del Estado español a los independentistas catalanes, hizo balance de su actuación, en el 2021, e informó que dio ayudas a 276 personas más, asumiendo 180.801 euros de defensas, 20.000 euros de fianzas de libertad, 12.348 euros de multas y 84.960 euros de fianzas de responsabilidad civil. Desde que fue creada, la Caixa ya ha ayudado a más de 800 personas. Una de las últimas acciones del 2021 fue la aportación de 190.801 euros adicionales a la causa del 9-N al Tribunal de Cuentas para cubrir la totalidad de lo que se reclama y conseguir que se levantaran los embargos que todavía tenían el presidente Artur Mas y el exconseller Francesc Homs, entre otros. Ahora, tendrían que reclamar y obtener el dinero que aportaron como garantía para el 1-O.
Aportaciones
El Tribunal Supremo condenó por malversación de fondos a una parte de los líderes políticos, en octubre del 2019, y derivó al Tribunal de Cuentas la recuperación del dinero para ser devuelto a la Generalitat, que nunca se ha declarado afectada por esta votación. En su demanda, la fiscalía detalla que la sala de lo penal del Supremo tenía 2.135.948 euros procedentes de las fianzas depositadas por la responsabilidad civil de los líderes independentistas, la mayoría procedentes de donaciones. Y añade que el 21 de febrero de 2020 Foment Caixa de Solidaritat ingresó 2.010.327 euros para llegar a los 4,1 millones reclamados inicialmente. Ahora, con la demanda de la fiscalía, sobran 2,9 millones.
Con respecto a ERC, fuentes próximas al partido, han asegurado que reclamarán ahora al Tribunal de Cuentas que les devuelva los 2 millones de euros que depositaron para cubrir la responsabilidad del Govern en los años 2016 y 2017 de la acción Exterior, que incluye lo reclamado al presidente Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y a gran parte de los encausados en aquella época. "Para evitar la afectación personal y familiar de decenas de personas y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas, Esquerra, con un gran esfuerzo de la organización y la militancia, ha podido avanzar parte del importe que el tribunal exige. Concretamente, la parte correspondiente a los gastos imputables a todas las personas que tuvieron responsabilidades de gobierno entre el 2016 y el 2017", expresaba ERC en un comunicado el octubre pasado. El resto de dinero, de la época del gobierno de Mas, se tuvo que asegurar con aportaciones particulares de patrimonio. Los avales que se aportarán a través Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat liberará a todos los encausados, además habrá que cubrir menos dinero: 2,2 millones. El conseller de Economía, Jaume Giró, celebraba recientemente el cambio de opinión del Tribunal de Cuentas al aceptarlos y afirmo que el fondo dará "libertad y tranquilidad a los servidores públicos en el legítimo ejercicio de sus actividades".
Duplicado
Por otra parte, la Caixa de Solidaritat todavía tiene pendiente de recuperar los 4 millones de euros que depositó para cubrir la responsabilidad civil de una treintena de excargos acusados de la organización del 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que corresponden a las mismas partidas que reclama el Tribunal de Cuentas. Es más, ahora la fiscalía del Tribunal de Cuentas no reclama el millón de euros del gasto de cartas certificadas de Unipost, al confirmar que no se pagaron, ni tampoco otro millón de euros en las obras de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Estas dos partidas también son contabilizadas en el juzgado de instrucción 13. La magistrada contestó a la Caixa de Solidaritat que este retorno se tenía que plantear en el juicio. No obstante, la magistrada del TSJC, que investiga a los diputados de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por el 1-O, restó de la reclamación las obras de la nave anexa al CTTI al constatar que la reforma no solamente era para el 1-O y que se había usado antes y después. En concreto, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona se depositaron 5,8 millones: 5 la Caixa de Solidaritat, 700.000 ERC y 100.000 la Asociació Catalana dels Drets Civils. Aparte, la asociación Amnistia i Llibertat consiguió reunir gran parte de los 1,7 millones de euros para pagar las fianzas de los diputados Jové i Salvadó en la causa del 1-O en el TSJC, el junio de 2020.