El Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresident Artur Mas y a algunos consellers. Todo apunta a que aceptará el expediente y nombrará un instructor que dilucide responsabilidades por el 9-N, que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó en la consulta. Fuentes de Europa Press indican que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está completando las diligencias preliminares.
La Fiscalía presentó hace un mes un informe pidiendo la apertura de una investigación contra Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades en el gasto de 5,12 millones de euros en las votacions del 9-N". De esta forma, el Ministerio Público apoyaba la denuncia presentada por Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes.
Estas dos organizaciones, de postulados unionistas, consideran que, aunque Mas y su gobierno ya fueron condenados por la vía penal por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, ello no los exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
Más de cinco millones
Los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de cinco millones de euros. Estos son la construcción de la página web institucional (12.837 euros), el material para la votación (70.432 euros), la adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171 euros), la póliza aseguradora para voluntarios (1.409 euros), el apoyo informático (1,1 millones de euros) y el envío de información (307.962 euros).
Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes acusaron a Mas y sus consellers de facilitar la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para el proceso participativo, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicament, no eran ilimitadas".
Las asociaciones también señalaron como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".