A la espera de que el Govern detalle hoy cómo "acompañará" a los 34 ex altos cargos y funcionarios a los cuales el Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones de euros, el organismo fiscalizador del Estado ya tiene bastante clara su postura sobre la naturaleza de los avales de las fianzas. Y la aceptación de un aval proveniente de la administración catalana no la ve viable. Es más, fuentes del tribunal aseguran que el Gobierno incurriría en un fraude de ley.
El Tribunal de Cuentas, según informan El País y El Mundo, no ve viable que sea la Generalitat quien avale la fianza millonaria que reclama a los ex altos cargos y funcionarios por los gastos en la acción exterior del Gobierno entre 2011 y 2017. Nunca hasta ahora se había dado una situación similar.
Principio de indemnidad
Los 34 investigados tienen hasta el 21 de julio para depositar sus fianzas, y en caso de no hacerlo, el tribunal asegura su pago con el embargo de sus bienes, normalmente inmuebles. El Govern, desde que se conocieron las fianzas millonarias impuestas, empezó a trabajar para encontrar una respuesta económica y jurídica a medida con todas las garantías.
La salida escogida se conoce como a principio de indemnidad, según el cual cualquier servidor público tiene derecho a una tutela y "tiene que poder ser acompañado por la administración". Este principio está recogido en el estatuto básico del funcionario público, una normativa española. En paralelo, la Caixa de Solidaritat también hará público hoy cuáles son las acciones previstas para hacer frente a este nuevo embate del Tribunal de Cuentas.
"Fraude de ley"
Fuentes del órgano fiscalizador del Estado citadas por El Mundo, sostienen que avalar las fianzas con fondos públicos es un "fraude de ley" al ser la parte perjudicada, en este caso el Govern, quien cubre la fianza de los responsables del perjuicio. Será la delegada instructora del caso, Esperanza García, quien tendrá que determinar la validez y legalidad de los avales. Contra su decisión se puede presentar recurso delante de la sala de enjuiciamiento, si bien no se paraliza el plazo para depositar las fianzas.
Tanto ERC como Junts per Catalunya han coincidido en la necesidad de cubrir a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, mientras que los republicanos ponen el énfasis en la Caja de Solidaridad, los junteros apuestan por que sea el Govern quien avale las fianzas, igual que la ANC.
Las cantidades millonarias que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés van desde los 2,9 millones de euros para el expresident Artur Mas a los cerca de 2 millones que exige a su sucesor, Carles Puigdemont y también al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Imagen principal, los miembros del pleno del Tribunal de Cuentas / EP