El Tribunal de Cuentas está a punto de hacer públicas las primeras decisiones sobre la denuncia contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau por presuntas responsabilidades contables en relación con el 9-N, tal como ha adelantado La Vanguardia.
Uno de los primeros movimientos será el nombramiento de un delegado instructor que elaborará un informe. Si en este el instructor cree que pudo existir una responsabilidad contable, es decir, que por la celebración del 9-N se utilizó dinero público de manera irregular, los tres, Mas, Ortega y Rigau, tendrán que depositar una fianza de 5.129.833 euros, que es la cantidad que, según la Fiscalía, se utilizó. En este sentido, se prevé que si no se puede conseguir esta cantidad, la sección de enjuiciamiento podrá embargar los bienes que crea convenientes para cubrir la fianza.
Durante estos meses previos, una de las principales disputas ha estado entre la Generalitat y la Abogacía del Estado. Este último pidió poder ver la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana y la entidad Advocats Catalans per la Constitució pero la Generalitat recurrió esta intervención ya que creía que la Abogacía del Estado no tenía derecho.
Desde la Generalitat se apuntaba que la intervención de la Abogacía del Estado atenta "directamente contra el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas". Además, con respecto a la denuncia, la Generalitat destaca en sus alegaciones que no se vio perjudicado por los gastos del 9-N y añade que ninguno de los interventores formuló ninguna objeción.
No obstante, aunque la Advocacia no sea admitida en el proceso, los fiscales del Tribunal de Cuentas han pedido que se abra el expediente ya que creen que hay indicios de responsabilidad contable, aunque el Supremo no acusara a Mas, Ortega y Rigau de malversación de fondos.