El Tribunal de Cuentas ha irrumpido otra vez esta semana en el convulso escenario político catalán. Ha comunicado la puesta en marcha de un nuevo procedimiento, en este caso contra la acción exterior del Govern de la Generalitat entre el 2011 y el 2017, que ha dado pie, además, a un caso penal en el juzgado número 18 de Barcelona, contra los responsables de la estructura de exteriores del Govern.

No es una novedad que el Tribunal de Cuentas intervenga en el caso catalán. Esta vía se abrió con la consulta del 9-N del 2014. En el juicio por desobediencia y prevaricación en que fueron condenados el entonces president, Artur Mas, y los consellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega se desestimaron las acusaciones de malversación que en un primer momento incluyó la fiscalía. No obstante, pocos meses después de la sentencia, en julio de aquel mismo año, se supo que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación para reclamarles el dinero que se dedicó a la consulta del 9-N.

El 9-N, el primer aviso

EL 25 de septiembre, cinco días antes del referéndum del 1-O, se comunicó a los responsables del 9-N que el Tribunal de Cuentas les exigía devolver 5,2 millones que se habían gastado para organizar la consulta del 2014. Era un aviso a navegantes, que obligaba a depositar en quince días la fianza de 5,2 millones, ya antes de empezar el juicio.

A diferencia de los tribunales de justicia, el Tribunal de Cuentas es un órgano responsable de fiscalizar los fondos públicos y del enjuiciamiento de responsabilidades contables. Los que son considerados responsables de hacer un mal uso de los fondos públicos tienen que responder con su propio patrimonio, si no disponen del dinero se les embarga y se subastan sus propiedades, como explicaba esta semana en una entrevista en ElNacional el exsecretario general del Diplocat Albert Royo.

Caja de Solidaridad

Cuando el Tribunal de Cuentas irrumpió en la persecución del 9-N, Òmnium y ANC respondieron impulsando una caja de resistencia o de solidaridad que, acabó abonando una parte de la condena. Pero no toda. El expresident y los consellers viven desde entonces con propiedades embargadas.

Cuando en noviembre del 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a los responsables del 9-N a pagar 4,9 millones, a la Caja de Solidaridad se le habían multiplicado los frentes. El Tribunal Supremo ya había entrado en acción por el referéndum del 1-O. En julio del 2018, la Caja de Solidaridad tuvo que consignar 2.135.000 euros para pagar fianzas.

Además, la sentencia del Supremo, en què se condenó a prisión a los líderes del procés,  estableció que el caso se enviaría también al Tribunal de Cuentas "a efectos de reclamación de responsabilidad civil a los acusados condenados por malversación". De nuevo la Caja de Solidaridad tuvo que cubrir 4,1 millones más por la fianza en el Tribunal de Cuentas, el febrero pasado. Este mes de marzo, el Tribunal de Cuentas ha bloqueado cuatro millones en bienes de los presos políticos para hacer frente a esta cifra.

En paralelo, también ha tenido que acudir en ayuda de los investigados por el 1-O en el juzgado número 13 de Barcelona, a los cuales se reclamaba una fianza de 5,8 millones. También aquí compareció el Tribunal de Cuentas para reclamar una fianza, por el mismo caso de que se investigaba judicialmente. Finalmente, el juzgado número 13 aceptó descontar dos millones que se habían pagado por la misma razón en el Tribunal Supremo. El Tribunal de Cuentas, en cambio, reclamó la cantidad complerta.

Caja de Solidaridad: 14 millones de euros

Con toda la persecución económica del Estado, y más allá de los embargos ya ejecutados contra líderes del procés, la Caja de Resistencia ha acabado pagando más de 12 millones de euros en fianzas de responsabilidad civil. Pero no ha sido este su único gasto.

Según sus responsables, también ha invertido casi un millón de euros en fianzas para conseguir liberar a dirigentes independentistas encarcelados; ha dedicado 309.000 euros a gastos de defensa y 125.000 euros para pagar multas diversas. Según fuentes de esta entidad, la cuenta de la represión que han tenido que cubrir se situaría en unos 14 millones de euros. Con el añadido que cada semana la Caja de Solidaridad se ve obligada a cubrir gastos judiciales y multas de alguna de las 3.000 personas que se calcula que a estas alturas se encuentran perseguidas por su intervención al procés.

Personas atendidas: 600

Desde que se creó para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclamaban a los responsables del 9-N, la caja de solidaridad ha ayudado a más de 600 personas en los múltiples casos y situaciones en que se ha encontrado el independentismo.

No obstante, la represión económica se hace cada vez más agresiva. Los responsables de la Caja de Solidaridad advierten de la necesidad de dar respuesta por otras vías, dado que esta bolsa de resistencia se alimenta esencialmente de pequeñas aportaciones que no podrán responder a la nueva serie de casos que se abrirán en los próximos meses.

Exteriores: 29 de junio

El primero que está ya previsto es el caso abierto en el Tribunal de Cuentas sobre el departamento de exteriores. Sólo por el trabajo del Diplocat se reclaman 4,5 millones de euros. El Tribunal investiga también las delegaciones en el exterior y todos los viajes de los responsables del ejecutivo, los cuales atribuyen la promoción del procés. Además, ha impulsado una investigación judicial que ha quedado en manos del tribunal número 18.

La cantidad total de las fianzas que impone el Tribunal se sabrán antes del verano, el 29 de junio cuando el Tribunal ha citado a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Francesc Homs, Neus Munté y Andreu Mas Colell, junto a secretarios generales, interventores de la Generalitat y los responsables de las delegaciones en el Exterior.

 

En la imagen principal, el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Raül Romeva / ACN