Después de todos los escándalos que han afectado a la Casa Real durante los últimos años, habrá una mínima fiscalización de sus cuentas. El Gobierno ha aprobado este martes un decreto, pactado con La Zarzuela, según el cual el Tribunal de Cuentas va a auditar los gastos de la monarquía española, como ya hace con las principales instituciones públicas españolas. Según La Moncloa, la norma, que reforma la estructura y el funcionamiento de Zarzuela, busca "reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la ejemplaridad de la Casa Real, en línea con los principios que han presidido el reinado de Felipe VI". Esta iniciativa llega al día siguiente que el mismo monarca hiciera público su patrimonio, valorado en más de 2,5 millones de euros. El ministro Félix Bolaños ha expresado "satisfacción" porque "hoy la monarquía da un paso adelante en rendición de cuentas y se homologa a los más altos estándares de las casas reales europeas". En cambio, la reforma de la inviolabilidad del Rey queda aparcada.
Durante toda la legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez ha prometido una reforma de la institución para dotarla de más "transparencia y ejemplaridad" (en palabras del presidente del Gobierno), que no ha llegado hasta hoy y para algunos es insuficiente. Hasta ahora, la Casa Real se limitaba a una rendición de cuentas genérica, sin entrar en el detalle, y ni el Tribunal de Cuentas ni el Congreso podían entrar. Se amparaba en el artículo 65 de la Constitución española, que otorga al rey la libertad para organizar, gestionar y aplicar libremente la asignación económica que recibe anualmente". Ahora se establecerá un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para la auditoría. Esta reforma se ha trabajado durante los últimos meses entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y La Zarzuela.
En rueda de prensa desde La Moncloa, el ministro de la Presidencia detalló algunas de las medidas contenidas en el decreto, como la auditoría "externa" del Tribunal de Cuentas, la nueva regulación de toda su contratación bajo el principio de publicidad o la publicación periódica de determinada información, como el estado de ejecución de los presupuestos, los contratos suscritos, los regalos o las retribuciones. La norma también establece que los altos cargos de la Casa Real tendrán que publicar su declaración de bienes en su nombramiento y en su cese. Todos los regalos serán inventariados y custodiados "para estudiar si permanecen en la Casa, pasan a Patrimonio Nacional o se dan a entidades sin ánimo de lucro". En cambio, no obliga a la declaración de bienes de Felipe VI.
Donde seguirá sin haber transparencia es en el Congreso de los Diputados, donde durante los últimos dos años se han registrado más de una docena de comisiones de investigación por parte de independentistas y Podemos, que han sido tumbadas por la mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados, con la pinza del PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox.
Sin informar a todos los grupos
La Casa Real sólo informó a algunos grupos del comunicado sobre el patrimonio de Felipe VI, pero no a los independentistas o Unidas Podemos. El mismo portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha admitido que no sabían nada, mientras el PSOE ha expresado "respeto" por la forma de comunicarlo. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el patrimonio del monarca: "Creo que el Rey ahorra tanto porque no paga alquiler ni hipoteca, que le pagamos nosotros". Y ha seguido con el sarcasmo, lanzando una pregunta: "Si no ha informado ERC, Bildu, BNG o la CUP, ¿exonerará a los militantes de ERC, Bildu, BNG y la CUP de pagar su sueldo?". Rufián le ha instado a "presentarse a unas elecciones" si quiere ser tan transparente.