Una treintena larga de personas, provenientes del mundo independentista, ven su patrimonio amenazado por un órgano que se hace decir Tribunal de Cuentas pero que ni siquiera es un tribunal ni lo integran jueces. Es un organismo que parece actuar selectivamente y discrecionalmente, opaco y cuestionado desde el propio interior. Ha pasado con el caso del "informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la comunidad autónoma de Catalunya, correspondientes a los ejercicios 2011-2017". A los supuestos responsables contables les pedirán este martes y miércoles cantidades multimillonarias, una vez concluida la instrucción y antes del juicio.
Pero la consejera Dolores Genaro, en solitario, lo impugnó desde dentro. Presentó un voto particular —que curiosamente se oculta en el índice del informe— que lo cuestionaba todo. En primer lugar, porque el informe se aprobó sin ni siquiera dar margen para estudiarlo y enmendarlo. Ella pidió ampliar el plazo para realizar observaciones técnicas, y se le negó. Más allá de la vulneración procedimental, "nunca antes vista", Genaro también denunciaba un informe sesgado y exagerado para condenar a la Generalitat, que "no se extralimitó en sus funciones". La vocal criticaba, entre otros, "juicios de valor e interpretaciones de lo que están suficientemente fundamentadas".
¿Cómo se llegó a un informe sesgado y exagerado? El expediente y trayectoria de los consejeros del Tribunal de Cuentas, que han protagonizado decisiones polémicas, puede ayudar a explicarlo más que cualquier descripción inscrita en documentos oficiales. El ponente de este informe fue Ángel Algarra, que llegó al órgano a propuesta del PP y que es considerado próximo al expresidente José María Aznar. Antes de acceder al puesto hizo carrera militar, en el cuerpo de intervención de la Defensa. No es juez ni ha estudiado Derecho, a pesar de integrar un tribunal, sino que es doctor en ciencias económicas y empresariales.
Una vez finalizada la instrucción, el departamento integrado por la consejera Margarita Mariscal de Gante será el encargado del enjuiciamiento. Y ella será la jueza de la acción exterior de la Generalitat. ¿Quién es Margarita Mariscal de Gante? Hija de un juez franquista del Tribunal de Orden Pública (TOP), antes de ser consejera, fue ministra española de Justicia, en el gobierno de José María Aznar. De hecho, llegó a su actual cargo a propuesta del PP. También fue ella quien, en primera instancia, enjuició y condenó al presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y los consellers Francesc Homs y Irene Rigau por la consulta del 9-N.
Un hipotético recurso lo tendrían que resolver entre María Antonia Lozano, Felipe García y José Manuel Suárez Robledano. Los dos primeros llegaron al cargo a propuesta del PSOE e Izquierda Unida. El último fue también a propuesta del PP y fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las tres asociaciones de jueces que la semana pasada reclamó al Gobierno que impidiera la aprobación del informe del Consejo de Europa. Suárez Robledano preside la sección de enjuiciamiento.
Entre los consejeros del Tribunal de Cuentas también está Manuel Aznar, hermano del expresidente español José María Aznar, que desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo. En 1996 llegó a ser propuesto como adjunto segundo del Defensor del Pueblo, pero era demasiado escandaloso y renunció. En 2002 se fue de agregado laboral a la embajada española en Roma. Vivió en la capital italiana cuatro años, hasta 2006, cuando volvió para incorporarse a la asesoría jurídica del Tribunal de Cuentas. En 2012 el Senado le convirtió finalmente en consejero del órgano, a propuesta del PP.
Más miembros y antiguos miembros. El expresidente del TCu y todavía consejero Ramón Álvarez de Miranda es hijo del expresidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda (UCD). También fueron vocales el ya difunto Antonio de la Rosa, concuñado del exvicepresidente y exbanquero Rodrigo Rato, o Juan Velarde, que al mismo tiempo era patrón de la FAES, la fundación de Aznar.
Escogidos por políticos
¿Qué es el Tribunal de Cuentas? Sobre el papel es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos políticos, los mismos que los escogen. No son un tribunal ni son jueces, y por lo tanto no forman parte del poder judicial del Estado, pero sí que tienen capacidad de enjuiciamiento, en paralelo a la justicia. Su cúpula está integrada por doce consejeros que tienen mandatos de nueve años renovables, sin límites ni topes. Estos consejeros, efectivamente, son escogidos por los políticos: seis por parte del Congreso de los Diputados y seis más por parte del Senado. El actual mandato caduca este mes de junio, pero previsiblemente el PP bloqueará la renovación como hace con el CGPJ u otras instituciones.
En este momento, como en el caso del CGPJ, la mayoría en el Tribunal de Cuentas ya le va bien a Génova. Después de la renuncia del consejero Lluís Armet alegando motivos personales, propuesto por el PSC, la correlación es de siete conservadores contra cuatro progresistas. Y desde julio del 2018, de forma inédita en democracia, los conservadores controlan al 100% la comisión de gobierno del organismo. Sus tres miembros llegaron a propuesta del PP: María José de la Fuente, Javier Medina y José Manuel Suárez Robledano. Es el órgano encargado de distribuir los diferentes asuntos y carpetas entre las diferentes secciones.
Doble vara de medir
Contra el independentismo, el Tribunal de Cuentas ha sido muy diligente a la hora de actuar. Se ha visto con el referéndum del 1-O, con la acción exterior de la Generalitat y también con el proceso de participación del 9-N. En este último caso, ni tan solo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau por malversación. Pero el órgano fiscalizador se activó y detectó supuestas irregularidades. Acabó condenando a los procesados a pagar casi cinco millones de euros por la organización de aquella consulta. Esta actuación constata con muchas otros.
Probablemente el caso más famoso es el de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar. En 2019, el Tribunal de Cuentas acabó revocando una sentencia que la condenaba a abonar 22,7 millones de euros por la venta a un fondo de inversión de 1.860 viviendas de la empresa municipal de vivienda madrileña. La decisión se tomó por dos consejeros contra uno. El voto de Margarita Mariscal de Gante, la exministra de Justicia con Aznar, fue determinante para decantar la balanza. Un tribunal que tampoco fue capaz de detectar el caso Gürtel a pesar de fiscalizar las cuentas de los partidos. Tampoco ha actuado todavía contra los responsables de los ERE en Andalucía, un escándalo que según la sentencia judicial sube hasta los 680 millones de euros. Pero son casos del PP y el PSOE, no del independentismo.
Acusaciones de nepotismo
Ha habido otras acusaciones contra el Tribunal de Cuentas y su funcionamiento interno, como las sospechas de nepotismo. Lo destapó, en 2014, el diario El País: de los pocos más de 700 trabajadores, al menos un centenar eran familiares o allegados a los consejeros del TCu o altos cargos políticos. Así, el 14% de la plantilla tenía vínculos familiares dentro de la institución y en torno al 10% vínculos con altos y medios cargos. Allí dentro hay esposas, cuñados, concuñados, primos, hermanos, hijos, sobrinos, yernos y en algún caso amigos de la infancia.
Y es que el Tribunal de Cuentas es uno de los organismos públicos con mejores remuneraciones del Estado español. Los consejeros cobran 4.700 euros netos al mes y tienen coche oficial y dos secretarias. La media de sueldo en el conjunto de la plantilla se sitúa en alrededor de los 3.000 euros. ¿Cómo se accede? A través de una oposición. Y tres de los cinco miembros del tribunal opositor —por lo tanto, la mayoría— son altos cargos de la misma institución.
En el punto de mira internacional
El caso del exconseller de Economía Andreu Mas-Colell ha dado la vuelta al mundo. También entre los responsables citados la semana que viene, su hijo, también economista, hizo pública la frágil situación patrimonial de su familia. Y consiguió poner —de nuevo— el Tribunal de Cuentas bajo la lupa internacional. Esta misma semana, una treintena de Nobel de Economía, además de veinte reputados economistas, han expresado el apoyo a su colega. En la carta en el diario El País, los firmantes advertían: "El profesor Mas-Colell es un ejemplo para todos los científicos españoles en el exterior. El resultado de este procedimiento puede tener una influencia negativa en la voluntad de estas personas de volver a su país y contribuir al servicio público". La Asociación Económica Europea también ha cerrado filas con el exprofesor de Harvard.
Pero no es la primera vez que se enfrenta al cuestionamiento fuera de las fronteras del Estado. En junio del 2015, el Tribunal de Cuentas español fue sometido a una revisión realizada por el Tribunal de Cuentas europeo y el homólogo de Portugal. Una de las conclusiones del examen, realizado sobre el terreno, era "la existencia de una percepción pública de influencia política en los consejeros del Tribunal de Cuentas". Entre otras cosas, proponían cambiar el sistema de elección de los consejeros, rotar al personal, reducir el peso de los cargos directivo en la plantilla o acotar la designación a dedo de cargos de responsabilidad.
"Hay que meter mano"
En una semana marcada por los indultos y por la apertura de una nueva etapa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, el Tribunal de Cuentas es un obstáculo en medio del camino. Desde de ERC admiten que "hay que meterle mano". Fuentes parlamentarias aseguran que es muy complicado hacer grandes reformas, pero que se tiene que hacer alguna cosa "a nivel de democratización del Estado". Al menos cambiar el sistema de elección para que "deje de ser el chiringuito de cuatro familias". Los republicanos pasan la pelota al Gobierno.