El Tribunal de Cuentas sitúa a Daniel de Alfonso como único responsable de haberse embolsado 206.000 euros, más intereses, en concepto de trienios y otros complementos salariales que supuestamente no le correspondían cuando fue el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) entre los años 2011 y 2016. Es la principal conclusión que se extrae de la vista previa que se ha hecho este jueves en Madrid para preparar el juicio al que todavía no se ha fijado fecha. La defensa del demandado ha intentado, sin éxito, echar el muerto al que era la jefe de Administración, Recursos Humanos y Presupuesto de la institución, Josep María Sangenís, como "responsable contable", y el entonces Oyente de Cuentas del Parlament - de quien depende la Oficina, David Pol Torrella, como "responsable civil subsidiario". El Tribunal ha hecho caso al representante legal d'Antifrau y al fiscal, que reclaman que devuelva el dinero, y se ha opuesto a la petición. Eso sí, el periodista Carlos Quílez, exdirector de Análisis del OAC, tendrá que comparecer como testimonio durante el juicio.
La vista, que ha durado una hora, ha girado en torno a la responsabilidad de los trienios que se pagaron durante la etapa que está bajo sospecha y de la cual, a través del escrito de respuesta a la demanda, de Alfonso había desviado hacia Sangenís i Pol Torella proponiéndolos como demandados. En este sentido, la abogada del exdirector, Marta Milans del Bosch, ha argumentado que su cliente no tenía por qué hacerse cargo de los pagos supuestamente irregulares. "El responsable del manejo del presupuestos de la OAC recae en el área de administración y no en el director", ha explicado Milanos del Bosch, que ha recordado que el anterior fiscalizador de cuentas Pol Torrella, jubilado desde el 2019, "no hizo ningún informe ni nunca advirtió de ninguna responsabilidad". La institución tenía en el 2015 un presupuesto de 4,7 millones de euros. La ley fija que la gestión presupuestaria del OAC está sometida a la fiscalización de l'Oïdor a través de informes como mínimo trimestrales. En este sentido, unos meses después, la nueva Oïdora sí que incluyó observaciones sobre los gastos de la OAC.
En la réplica, la consellera - así se denomina a las jueces i juezas en el Tribunal de Cuentas - ha comprado los argumentos del fiscal y de la letrada de Antifrau, Rosa Maria Pérez de Pablo, que ha respondido que, según la normativa, el director es quien ordena los pagos y el jefe de Presupuestos es quien los efectúa. Para la abogada, De Alfonso tenía "la responsabilidad contable" porque fue quien "ordenó, decidió y percibió la mayoría de pagos" que están siendo investigados. Como resultado de la vista previa, todas las partes implicadas en la causa contable han acordado que el periodista de sucesos Carlos Quílez comparezca como testimonio por videoconferencia. Entre el 2009 y el 2014, Quílez fue el responsable de análisis de Antifrau.
El origen de la causa
El Tribunal de Cuentas abrió el procedimiento de reintegro (para que devuelva el dinero) a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía, que se basaba en informes enviados en el 2018 y en el 2020 por la Sindicatura de Comptes que señalaba que el exdirector de la Oficina Antifrau percibió complementos salarios que no le correspondían. Aquel documento indicaba que De Alfonso recibió 180.000 euros en concepto de trienios cobrados indebidamente, 6.000 euros más por complementos de calidad y 21.000 euros por trienios en concepto de personal de la OAC mal aplicados, más los intereses pertinentes. La Oficina, como parte perjudicada, forma parte a la causa aunque actualmente mantiene en suspensión el pago de trienios a los altos cargos desde que el actual director, Miguel Ángel Gimeno, llegó a la institución.
Daniel De Alfonso fue su director desde el 2011 hasta el 2016, cuando el Parlamento de Catalunya lo cesó después de que se filtraran unas conversaciones comprometedoras con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Desde entonces De Alfonso es magistrado al juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cantabria. En aquellos audios revelados en el 2016 por el diario Público, Fernández Díaz, al ojo del huracán por el resurgimiento judicial de la Operación Catalunya, reconocía a l investigado por el Tribunal de Cuentas que tenía la intención de filtrar a la prensa investigaciones con la intención de fabricar escándalos que desprestigiaran líderes del procés independentista.
Ante las dudas de De Alfonso, el exministro lo tranquilizaba diciendo el ya célebre "esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión". En el afán para desprestigiar a los partidos independentistas, el exdirector del OAC reconocía también los planes del gobierno central para asfixiar la sanidad catalana. "Les hemos destrozado el sistema sanitario", reconocía De Alfonso, que presumía de ser español cuando el exministro le pedía más presión contra el gobierno y los soberanistas. "Considérame como tu caporal del cuerpo nacional", chuleaba el exdirector. Aquellas grabaciones de conspiración, registradas en un despacho del ministerio en el 2014, fueron uno de los síntomas que había una operación en marcha para desprestigiar el movimiento independentista.
Aquel "la fiscalía te lo afina" llegó a la comisión de la Kitchen en el Congreso de los Diputados el año 2017. Fernández Díaz negó que lo dijera y aseguró que, según un informe de la policía científica, él afirmaba "la fiscalía en fin... Hago una gestión". Ahora el exministro vuelve a estar al punto de mira a raíz de las nuevas revelaciones en torno a la Operación Catalunya. La reciente difusión de nuevas conversaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo con la senadora popular Alícia Sánchez Camacho ha reactivado la presentación de querellas contra la política patriótica y cargos del gobierno del PP, como ahora las del expresidente del Barça Sandro Rosell y el exconseller Jaume Giró. En el ámbito parlamentario, el Congreso de los Diputados ha reactivado la tercera comisión de investigación que reclaman los partidos independentistas catalanes y vascos y ha dado 20 días para que se propongan los integrantes.