Sin cambios. A pesar de los recursos presentados por los abogados defensores, el Tribunal de Cuentas (Tcu) mantiene para este viernes la celebración del juicio contra los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras -además de exconsellers y cargos de sus gobiernos, especialmente el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, y delegados en el extranjero- para dirimir su responsabilidad contable sobre el gasto del 1-O y de la Acción Exterior entre los años 2011 en el 2017. La Fiscalía reclama que los 35 excargos devuelvan 3,4 millones de euros (inicialmente sumaban 9 millones). Por su parte, Sociedad Civil Catalana también rebajó su demanda: considera responsables contables 11 políticos, con Puigdemont y siete exconsellers, y reclama que devuelvan 5,3 millones de euros a la Generalitat, que ha expresado que las arcas públicas no han sido afectadas por estos gastos, y es que la mayoría de la promoción exterior se recoge en sus presupuestos.
La vista empieza a las 11 de la mañana en la sede central del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral de Madrid. El president en el exilio, Carles Puigdemont, tenía que ser el primero en ser interrogado, tal como pidieron otros tres codemandados. En el procedimiento contable, la declaración de un codemandado solo puede ser solicitada por abogados de otros, no por el suyo, que en el caso del president es el abogado Gonzalo Boye. La sorpresa ha sido cuando este miércoles la consejera responsable del juicio ha comunicado, en una resolución, que no admite la declaración por videoconferencia de Puigdemont, aunque la aprobó el diciembre pasado, porque formalmente se pidió el lunes y para el TCu es poco tiempo para prepararlo. Además, sostiene que no se ha motivado lo suficiente su no presencia al juicio. Todo el mundo sabe que el president Puigdemont está en el exilio desde hace 6 años y que tiene una orden de detención en vigor en el Estado español por la causa penal del 1-O.
Sentencia simbólica
Por su parte, ERC ha pedido la a consejera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del TCu, Elena Hernáez, que suspenda la vista y el procedimiento ante el registro en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía, que incluye los hechos del procés en la jurisdicción contable, además de la penal y la administrativa. Es posible que este reclamo sea pedido por las defensas al inicio de la vista, aunque saben que la ley no está todavía en vigor para poder decretar el archivo.
Con todo, al escrito firmado por cuatro abogados que representan a 9 codemandados de ERC, alertan a la consejera del Tribunal de Cuentas que puede acabar haciendo una "sentencia simbólica", sin ningún resarcimiento efectivo. Ante la tramitación de la ley de amnistía, le exponen que "es más respetuoso con el principio de economía procesal y el derecho de tutela judicial efectiva de todas las partes no someterlas a cargas procesales innecesarias" y por eso le piden que suspenda la vista, así como el procedimiento hasta la entrada en vigor de la ley de amnistía, momento en el cual -indican- "tendrá que tramitar con carácter preferente y urgente las decisiones pertinente en cumplimiento de la ley de amnistía".
Otros testigos
Descartada la declaración de Puigdemont, si nada cambia, los testigos citados son: la Interventora General del Estado durante la aplicación del 155 en Catalunya; el abogado Antoni Millet Abad y el doctor en Derecho Público, Alfons González Bondia. Nada más. La consejera ha acordado que los abogados presenten sus informes finales por escrito y, por lo tanto, no se escuchará oralmente ni al fiscal ni a los abogados defensores ni el de la acusación de la entidad españolista Sociedad Civil Catalana.
¿Y el retorno de los avales?
El proyecto de la ley del olvido de los hechos del procés, desde el 2012 en el 2023, detalla que "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del procedimiento". Especifica que quedan sin efecto las responsabilidades civiles y contables derivadas, pero que no podrán ser devueltas las multas ni las cantidades abonadas en sentencia firme y ejecutada. Se refiere al caso del 9-N de 2014, dónde incluso se embargó la casa del presidente Mas, de forma preventiva. El 9-N implicó, entre multas, retorno de dinero e intereses, el pago de un total de 6.043.712 euros al TCu, que al final se abonaron con aportaciones de ciudadanos a la Caixa de Solidaritat, según informa su presidente, Pep Cruanyes. La entidad sigue pagando multas y abogados de represaliados y los últimos tres años han sumado cerca de 2 millones de euros.
En el caso del procedimiento del 1-O y Exteriores, el Tribunal de Cuentas sí que tendrá que devolver los avales depositados, una vez aprobada la ley, tanto por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como también por la Caixa de Solidaritat. En concreto, en julio de 2022, el TCu comunicó que aceptaba devolver a ERC 2.136164 euros que había aportado en el tribunal, con donaciones de militantes y amistades para hacer frente al aval exigido por el TCu en el procedimiento del gasto de Asuntos Exteriores y las delegaciones, que después se unió al del 1-O (cómo ha pasado ahora en la causa penal: la causa del juzgado de instrucción 18 se ha acumulado a la de instrucción 13). El motivo es que a pesar de las reticencias iniciales, el tribunal aceptó el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) aportado por el Govern, para cubrir responsabilidades previas, aunque si los políticos eran condenados tenían que devolver el dinero al Govern. En concreto, son 9 avales del ICF ofrecidos por los demandados afectados con el fin de sustituir el depósito de efectivo realizado por ERC. Los afectados que tenían reclamaciones pequeñas fueron aportadas por ellos mismos al TCu, y si la amnistía se aprueba, también se les tendrá que devolver.