El expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs tendrán que declarar al juicio en el Tribunal de Cuentas por la organización del 9-N. La vista está fijada el próximo miércoles 10 de octubre a las 10h de la mañana. No es habitual que los investigados tengan que declarar en estos juicios administrativos ya que es suficiente que asistan sus abogados. Pero las dos entidades que denunciaron el supuesto uso de dinero público (Societat Civil Catalana y la Asociación de abogados catalanes) lo han solicitado y eso obliga a los cuatro a viajar hasta Madrid. El Tribunal de Cuentas les reclama 5,2 millones de euros y ya han depositado esta cantidad como fianza. En caso de condena, el dinero se reingresará en las cuentas de la Generalitat. Tanto en los juicios en el Supremo como en el TSJC se acabó retirando la acusación por malversación contra los cuatro.

El próximo miércoles, Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal de Cuentas. Este organismo se encarga de determinar la responsabilidad contable de aquellos que tienen acceso a bienes públicos.

Están citados a las 10h de la mañana del próximo miércoles en la sede del tribunal y tendrán que responder las preguntas de la abogacía del Estado y de las asociaciones demandantes: Societat Civil Catalana y la Asociación de abogados catalanes.

En las semanas previas, se han celebrado vistas públicas para aportar prueba y para avanzar en la instrucción del caso. El juicio supone el último trámite antes de la sentencia. El Tribunal de Cuentas ha reservado dos jornadas (10 y 11 de octubre) para la celebración de este juicio. Aparte de la declaración de Mas y los exconsellers, también hará falta que todas las partes hagan públicas sus conclusiones. Será el momento de conocer si se modifica (al alza o a la baja) la cantidad que se les reclama.

El Tribunal de Cuentas calcula que, bajo el Govern de Artur Mas, se destinaron 5,2 millones de dinero público a la organización del proceso participativo de noviembre de 2014. Ahora, casi cuatro años más tarde, este tribunal tendrá que determinar si hubo malversación.

Una vez celebrado el juicio, el caso quedará visto para sentencia. La encargada de redactar la sentencia es la consellera del departamento segundo, la exministra de Justicia del primer gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, que también fue la encargada de nombrar a un delegado instructor en esta causa. La sentencia se podrá recurrir en la Sala de Justicia del mismo tribunal y, como última instancia, delante de la Sala Contenciosa- Administrativa del Tribunal Supremo.

En caso de condena firme, el dinero que hasta ahora se ha depositado como fianza se reingresaría en la cuenta de la administración afectada por la malversación, es decir, a la misma Generalitat. El pago sería solidario entre todos los condenados.

Sin acusaciones por malversación en los juicios

Todos ellos ya han sido juzgados tanto en el Supremo (en el caso de Homs que era diputado en el Congreso) como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la acusación por malversación decayó antes de llegar al juicio. Además, también se los absolvió de prevaricación.

En marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó Mas, Ortega y Rigau por un delito de desobediencia a 2 años de inhabilitación en el caso de Mas, 1 año y 9 meses a Ortega y 1 año y 6 meses aRigau. También les impuso multas de 36.000 euros a Mas, 30.000 a Ortega y 24.000 a Rigau.

El próximo 6 de noviembre está fijada una vista en el Tribunal Supremo para analizar los recursos presentados por Mas, Ortega y Rigau contra esta decisión del TSJC.

En el caso de Homs, el Supremo lo condenó (ya de manera firme) a 1 año y 1 mes de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros.

Un proceso que arrancó hace más de un año

En septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas comunicó a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs y Irene Rigau (y de otros excargos del Govern) que tenían que depositar una fianza de más de 5,2 millones. Son el dinero público que el tribunal calcula que se destinó a la preparación de la consulta del 9-N de 2014. El caso arranca por una denuncia de Societat Civil Catalana y la Asociación de abogados catalanes, a la cual se adhirió la Fiscalía.

Aparte de ellos, el Tribunal de Cuentas también amplía la reclamación a otros excargos del Govern de Mas. Concretamente, el exsecretario general de la Presidència Jordi Vilajoana, el director general de Difusió, Ignasi Genovès, la directora de Serveis del Departament de Governació, Administraciones Públicas y Vivienda, Josefina Valls, el subdirector general de Administració, Serveis y Proyecció Externa, Lluís Bertran, la interventora del Departament de Ensenyament Carolina Pardo, y el director general de la Entitat Autònoma del Diari Oficial y de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP), Jaume Domingo y también Jordi Serra.

Inmuebles personales como aval

Después de pedir algunas prórrogas, finalmente los investigados ingresaron en efectivo 2,8 millones y, para llegar a la cantidad total de 5,2 millones, el tribunal les ha permitido aportar inmuebles de su propiedad como aval. El dinero está retenido en la cuenta de consignaciones, que depende del Ministerio de Justicia. Y con respecto a los inmuebles se trata de un embargo provisional hasta que el procedimiento acabe y haya sentencia firme pero los propietarios pueden seguir disponiendo.

Los inmuebles aportados como aval son un piso de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Osona), fincas de Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Freser (Ripollès) y también una propiedad del exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana.

En enero y después de recibir las fianzas, el tribunal dio por cerrada la fase de instrucción. Desde entonces, el caso está en manos de la sección de enjuiciamiento y se hace cargo la responsable del departamento segundo, Margarita Mariscal de Gante.

Desde entonces, se han celebrado varias audiencias previas para aportar documentación y pruebas. En estas vistas públicas han asistido los abogados y representantes legales del expresidente y exconsellers.

Pendientes de la revisión de la sentencia

Por otra parte, para el 6 de noviembre está prevista la vista en el Tribunal Supremo para analizar los recursos presentados por el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Ensenyament Irene Rigau a la sentencia del 9-N.