El Tribunal de Cuentas reclama a Albert Royo, antiguo secretario general del Diplocat, 4,5 millones de euros, tal como asegura él mismo en un tuit. Royo explica que el dinero que le reclama el Tribunal es "por la acción llevada a cabo como secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017".
El exsecretario del organismo indica que estos 4,5 millones de euros se deben a que el Tribunal de Cuentas considera que "la mitad del trabajo hecho era inconstitucional". Además, ha añadido que le abren un segundo caso penal por todo eso, además del que ya tiene abierto por el referéndum del 1 de octubre.
La destitución de Royo
El 31 de octubre de 2017, el Gobierno destituyó el hasta entonces secretario general del Diplocat, Albert Royo, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que había entrado en vigor la semana anterior.
La noticia sobre la destitución la confirmó el mismo Royo en un mensaje en el Twitter. "Moncloa me ha cesado como Secretario General del Diplocat. Ha sido un placer trabajar por el país durante este tiempo y hacerlo al lado de un equipo genial", escribió.
Tal como anunció el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre las medidas previstas en el 155 estaba la extinción del Diplocat y de todas las delegaciones de la Generalitat en el extranjero excepto Bruselas, así como el cese de los delegados del Gobierno en la capital europea y en Madrid.
La organización del 1-O
Este pasado mes de marzo, la fiscalía recurrió ante la Audiencia de Barcelona el procesamiento por parte del juzgado de instrucción 13 contra diversos exaltos cargos del Govern por la organización del 1-O, y solicitó que se procesara a tres personas más, ya investigadas, y se ampliaran los delitos contra una docena de la treintena de encausados.
El ministerio público quería que se volviera a procesar por desobediencia la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà, por no haber abierto ninguna investigación cuando supo que el Govern podía estar utilizando indebidamente datos censales para organizar el referéndum. También pedía el procesamiento por prevaricación, malversación y desobediencia de Ignasi Genovés, director general de Difusió del Departament de Presidència. Por último, también atribuía a Teresa Prohias, directora de servicios del mismo departamento, su participación en el diseño de esta campaña publicitaria.
Las fiscales también querían que se incluyera el delito de desobediencia a otros altos cargos inculpados, como el exdelegado del Govern en la Unión Europea Amadeu Altafaj y a los directores de las empresas T-Systems y Unipost, que supuestamente colaboraron en la organización, del referéndum. A Francesc Sutrias, que era director de Patrimoni de la Generalitat, Albert Royo, exresponsable del Diplocat, y a Antoni Molons, exsecretario de Difusió i Atenció Ciutadana, les atribuyen también un delito de prevaricación, aparte de los de desobediencia, malversación y falsedad documental.
Foto principal: El exsecretario general del Diplocat Albert Royo / ACN