El Tribunal de Cuentas (TC) ha rechazado este viernes la petición del presidente en el exilio y consellers en el exilio, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig de suspender el juicio previsto para el viernes que viene contra ellos, el exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de funcionarios y ex altos cargos del gobierno catalán y del Dilplocat por el gasto del referéndum del 1 de octubre y la acción exterior. En una providencia, una consejera de la sección de Enjuiciamiento del TC les ha recordado que esta petición ya se había denegado en diciembre y les ha aclarado que las vías penal y contable son compatibles y que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés no es aplicable en este supuesto.

"No procede la suspensión solicitada por aplicación del principio de compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable, precisando que la sentencia del Tribunal Supremo aportada por los solicitantes no se resulta de aplicación a su caso concreto". Con estas palabras extraídas de la comunicación, el órgano contable tira por el suelo este intento de los exiliados de detener el juicio. En otra providencia, informa el organismo, se ha tumbado la petición de Sociedad Civil Catalana en la cual solicitaba que el procedimiento finalizara mediante conclusiones orales. De esta manera, al rechazarlo, las conclusiones serán emitidas por escrito, argumentando que eso ya se comunicó en una resolución en fecha de octubre y que entonces nadie la recurrió.

La fiscalía pide a los codemandados una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los 35 encausados porque había retirado del cómputo la campaña 'Civisme'. Por su parte, Societat Civil Catalana (SCC), también acusación, reclama más de 5 millones de euros tanto para los costes de organizar y celebrar el 1-O como para el gasto de la "política exterior" desplegada por el Govern a través del Diplocat durante los años del 'procés'. Las defensas piden el archivamiento o la anulación del caso cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito, porque han pasado más de 5 años.

Llegados a este punto, el juicio está previsto que arranque el viernes que viene, a priori después de la posible investidura de Pedro Sánchez y se realizarán la pruebas de interrogatorio de parte y testificales que fueron admitidas en la audiencia previa. Uno de los codemandados es Carles Puigdemont, amenazado por una orden nacional de detención por parte de Pablo Llarena, tiene la opción de declarar, dado que lo pidió su defensa. Ahora bien, aunque el Tribunal de Cuentas permite la posibilidad declarar a distancia, nadie lo ha solicitado formalmente, tal y como informaron fuentes del organismo esta semana. En cualquier caso, los codemandados no tienen la obligación de comparecer, tan solo sus abogados. La sentencia tiene dos ámbitos de recurso: en primer momento en una instancia superior dentro del mismo Tribunal de Cuentas y, a posterior, en el Tribunal Supremo.