De 2019 a 2024. Es el tiempo que han tardado las Cortes Generales, a través a través de la comisión mixta competente (formada por diputados y senadores), a estudiar y debatir el informe del Tribunal de Cuentas sobre el destino de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Catalunya entre 2011 y 2017, que daba por hecho que buena parte de los fondos públicos destinados a la Acción Exterior, el famoso Diplocat, se utilizaron para promocionar el procés independentista en el extranjero. El dictamen en cuestión se aprobó en 2019, pero no ha sido hasta este martes cuando se ha debatido en la Carrera de San Jerónimo debido a los retrasos acumulados de la comisión mixta. Y Junts y ERC han aprovechado este escenario para arremeter contra el Tribunal de Cuentas y reprobar directamente a la presidenta del órgano, Enriqueta Chicano, las conclusiones que arroja el informe. “Es evidente que lo que se lleva a cabo es una persecución política”, ha censurado Josep Maria Cruset, diputado de Junts, que ha añadido que “contra Catalunya todo vale, incluso instrumentalizar políticamente” el Tribunal de Cuentas, utilizado “como si fuera un Tribunal de la Santa Inquisición”. El senador de ERC, Joan Queralt, se ha sumado a las críticas y ha cuestionado el “contenido sectario y tendencioso” de un informe que “desacredita” al Tribunal de Cuentas y evidencia su “sesgo”. No en vano, la secretaria general del Diplocat, Laura Foraster, reconocía hace dos años que eran “conscientes de que se observa mucho” lo que hacen.
El texto que se aprobó hace cinco años acusaba al Govern de incumplir la legalidad e invadir competencias del Estado y, después de cifrar en más de 400 millones de euros el presupuesto destinado a la Acción Exterior entre 2011 y 2017 y en unos 30 millones la actividad de las delegaciones catalanas en el extranjero, fijó en 5,4 millones la fianza contra el independentismo, sumando también los gastos del referéndum. Fuentes del Tribunal de Cuentas indican a ElNacional.cat que quien decide cuándo se presentan los informes en las Cortes Generales es la Comisión Mixta y no el órgano fiscalizador. Por cierto, justamente el viernes pasado, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pidieron al Tribunal de Cuentas que desestime las reclamaciones de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana e insistieron en que “no hay ningún ilícito contable” en la organización del 1-O y en el gasto exterior porque el Govern ejerció sus competencias.
Durante el debate de este martes, Josep Maria Cruset se ha aferrado a un voto particular que, según ha relatado, afirmaba que “no existió una extralimitación por la acción exterior ejercida por la Generalitat” y ha recordado que este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que hoy se discutía llegó después de que el propio organismo “no cuestionara” la acción exterior de la Generalitat en un informe de 2016 que “no alertaba sobre ninguna actividad que le pareciera sospechosa de irregularidad”. “Una situación contradictoria”, ha alertado. “Desde el punto de vista legal, no cambió nada, todo seguía cumpliendo la legalidad”, ha esgrimido Cruset, que ha justificado que el “cambio sustancial” fue la “decisión de poner los instrumentos del Estado a la defensa de la unidad” de España. Tirando del hilo de dicho voto particular, Cruset también ha apuntado que el informe no realizó un “juicio estrictamente técnico”, presenta “evidencias indebidamente fundamentadas” y no cumple las mínimas características para ser “justo objetivo y libre de vaguedades o ambigüedades.”
Por su parte, Joan Queralt ha puesto el grito en el cielo porque el informe es “absolutamente inexplicable” desde el punto de vista del control económico y financiero y desde el punto de vista político: “Leyendo distintos pasajes, me ha recordado a atestados policiales”, ha proclamado. También ha denunciado que el informe es “contradictorio en sí mismo” y ha declarado que el voto particular “produce rubor al leerlo” porque “va a la línea de flotación” de las conclusiones.
Queralt ha pedido al Tribunal de Cuentas “un poco de contención” y ha exhortado a los miembros del órgano fiscalizador a que “reflexionen y hagan un examen de conciencia” sobre este informe. “Estamos dolorosamente hartos de que instituciones que no tienen la competencia de declarar la ilegalidad de determinadas actividades la declaren alegremente, como los letrados de las Cortes o el Tribunal de Cuentas”, ha concluido.
Unas finanzas controladas por el Gobierno
Durante sus intervenciones, tanto Cruset como Queralt han recordado que en ese periodo el Gobierno, presidido por el PP y con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, presumía de que la Moncloa tenía controladas las finanzas de la Generalitat. “En buena parte del periodo temporal del informe, se producía, según palabras del propio ministro Montoro, una 'toma de control sin precedentes' de la Generalitat y, en consecuencia, quien pagaba era la Intervención General del Estado”, ha relatado el diputado juntaire. Y ha lanzado una pregunta al aire: “¿Por qué la fiscalización posterior pide responsabilidad a los políticos catalanes y no a quien habría realizado realmente el control y la fiscalización?”.
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Joan Queralt ha rematado el argumento apuntando que el ministro Montoro dio por buenos los gastos del Diplocat “bajo juramento en un juicio público”, en referencia al juicio del procés. “¿Cómo, estando la Generalitat intervenida por órdenes ministeriales, se podían defraudar las cuentas públicas?”, se ha preguntado. “Quien revisaba los pagos era el Ministerio de Hacienda en Madrid”, ha añadido, y ha señalado que la Administración General del Estado “pagó religiosamente sin oponer ninguna objeción” cargos que se hicieron con motivo del referéndum y que se tuvieron que pagar posteriormente.