El Tribunal de Cuentas (TCu) reactiva la causa del gasto del 1-O y de Exteriores, aunque la ley de amnistía ya ha superado la primera aprobación en el Congreso de los Diputados. Este jueves, la consejera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez ha notificado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana que tienen 10 días por presentar los escritos de conclusiones de sus acusaciones, según han confirmado fuentes de los encausados a ElNacional.cat. La causa estaba parada desde el enero pasado, cuando la consejera descartó aplazar el final del juicio contra 35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont, con el vicepresidente, Oriol Junqueras, ellos incluidos, por la ley de amnistía. Las defensas de los demandados no han recibido ninguna notificación del Tribunal de Cuentas para que presenten sus escritos. Lo que es habitual es que cuando las acusaciones hayan presentado las conclusiones, se dará otros diez días a las defensas para hacerlo. Finalmente, la consejera dictará la sentencia, que podría estar en un mes.
La Fiscalía reclama que paguen 3,2 millones de euros y Sociedad Civil Catalana, 5,3 millones por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017. El juicio se inició el 17 de noviembre pasado, y quedó pendiente que acusaciones y defensas presentaran sus conclusiones por escrito. Fuentes del TCU han explicado que la consejera esperaba la resolución de unos recursos pendientes por parte de la sala de justicia del TCU para reactivar el final del procedimiento, puesto que ya descartó aplazarlo hasta a la aprobación de la ley de amnistía, como le pidieron las defensas de los encausados de ERC y Junts.
Puigdemont sin voz
La vista de noviembre fue polémica porque la consejera Elena Hernáez descartó a última hora la declaración por videoconferencia del president en el exilio, Carles Puigdemont, por no haberlo pedido —en su opinión— en el tiempo legal fijado. El abogado del president, Gonzalo Boye, recordó que el tribunal hacía meses que había aprobado su declaración por videoconferencia y que todo el mundo sabía los motivos por los que no podía estar presencialmente en el juicio en Madrid. Nada se cambió.
La amnistía y los pagos
La ley de amnistía, acordada por Junts y ERC con el PSOE, incluye los procedimientos del Tribunal de Cuentas, en la fase en la que estén. Sin embargo, la norma, que ahora se debate en el Senado, deja claro que no se devolverán las multas ni el dinero abonado si ya existe una sentencia firme. Este sería el caso del procedimiento del 9-N de 2014, con el que el Tribunal de Cuentas hizo pagar a Artur Mas y a sus consellers unos 4,9 millones de euros, que finalmente fueron aportados por los ciudadanos a través de la Caixa de Solidaritat.
En el caso del procedimiento del 1-O y Exteriors, el Tribunal de Cuentas sí que tendría que devolver los avales depositados, una vez aprobada la ley, tanto por el Institut Català de Finances (ICF) como por la Caixa de Solidaritat. Con los avales del ICF, en julio de 2022, el TCU comunicó que aceptaba devolver a ERC 2.136.164 euros que había aportado al tribunal con donaciones de militantes y amistades para hacer frente al aval exigido por el TCU en el procedimiento del gasto de Afers Exteriors y las delegaciones, que luego se unió al gasto del 1-O.