No sólo actúa en Catalunya. El Tribunal de Cuentas ha confirmado este lunes que reclama más de 15,6 millones de euros a altos cargos del PSOE por los ERE fraudulentos en Andalucía.
El origen de la reclamación está en un informe de la Cámara de Cuentas andaluza sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por los ERE y empresas en crisis otorgadas por la Dirección General del Trabajo de la Junta. A partir de los resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y el gobierno andaluz presentaron demandas, así como se abrieron tres procedimientos diferentes.
7,7 millones al difunto Guerrero
Con respecto a uno de estos procedimientos, el 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la cual se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15.673.702,21 euros. Unos 7,7 millones se imputan al exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, el difunto Francisco Javier Guerrero. Si se confirma una condena por responsabilidad contable, la cantidad se reclamará a los herederos.
También se reclaman 5,2 millones a su sustituto, Juan Márquez Contreras, y 2,8 millones de euros a Daniel Alberto Rivera Gómez, que también fue, director de Trabajo. El acta cita también como presuntos responsables de la desviación de dinero público la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO. y la Federación Estatal de Metal, Construcciones y Afines de la UGT, además de diferentes empresas vinculadas a estas ayudas.
En medio de la polémica en Catalunya
El garrotazo del Tribunal de Cuentas a cargos del PSOE en Andalucía llega en medio de la polémica desatada a Catalunya. El órgano fiscalizador reclama 5,4 millones de euros a 34 excargos del Govern por la promoción internacional del procés. Es por eso que el líder de ERC, Oriol Junqueras, prefirió calificarlo de 'político' en lugar de 'fiscalizador'.
Para responder a estas fianzas millonarias, el ejecutivo catalán aprobó un decreto que ha estado recientemente avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias. Sin embargo, la fiscalía ha decidido investigar el Institut Català de Finances (ICF) para avalar estas fianzas.
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Ante esta investigación, el conseller de Economia, Jaume Giró, salió a defender el papel del ICF en medio de esta polémica: "Tiene una solidez jurídica total y absoluta. Será muy difícil que alguien pueda decir el contrario si se lo lee de arriba abajo de manera técnica", dijo sobre el decreto ley.
Sin embargo, Ciudadanos quiere tumbar el decreto. El decreto y el Govern. Su líder, Carlos Carrizosa, presentó la semana pasada una denuncia delante del TSJC contra todos los miembros del ejecutivo catalán para ser cooperadores necesarios de un delito de malversación de fondos públicos.
Imagen principal: A la derecha, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, el difunto Francisco Javier Guerrero, a la Audiencia de Sevilla / Europa Press