El Tribunal de Cuentas (TCu) también se ha pronunciado este martes con la publicación en el BOE de la ley de amnistía del Procés. El organismo contable, pero, va más allá de los tribunales penales del TSJC y del Tribunal Supremo, que por ahora solo han dado un plazo a acusaciones y defensas para que expongan si se tiene que aplicar o no la norma del olvido penal, administrativo y contable. En concreto, la consejera del departamento 2.º de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha dictado una providencia, en la cual suspende el plazo para dictar la sentencia sobre el gasto del 1-O y la promoción exterior, y al mismo tiempo ya considera que la ley de amnistía es contraria al derecho de la Unión, y por eso pide a las partes que se pronuncien si tiene que hacer una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha informado el TCu. Las defensas de excargos de Junts y ERC, así como la Fiscalía y las acusaciones de Vox y Sociedad Civil Catalana (SCC) tienen un plazo de 10 días para responder.
Reclamación de 3,2 millones
En la causa del 1-O, el Tribunal de Cuentas ha juzgado a los presidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de excargos de sus gobiernos por, supuestamente, no haber gestionado correctamente dinero público para organizar el referéndum y la promoción de Cataluña al exterior. Las defensas de los cargos de ERC y de Junts siempre han defendido que no hubo ningún perjuicio a la administración catalana, y que algunas consignaciones ni se pagaron, como el millón de euros para sobres del 1-O.
La Fiscalía pide que vuelvan 3,2 millones a las arcas de la Generalitat, y la entidad españolista SCC, 5,3 millones. Este dinero fue aportado al tribunal con un aval del Instituto Catalán de Finanzas y donaciones de ciudadanos a la caja de solidaridad. Las defensas también han denunciado que este dinero está duplicado, como finanzas, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga unos treinta cargos por el 1-O.
Artículos de la amnistía cuestionados
En concreto, la consejera del Tribunal de Cuentas afirma que hay una serie de artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, que "podrían oponerse a la interpretación que el TJUE realiza de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea". Y detalla que son los artículos: 1, 2 e, 8.3, 10 y el 13.3.
La consejera precisa que el planteamiento de la cuestión prejudicial será para aclarar si la ley de amnistía del Procés encaja en la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte los intereses financieros de la UE; al principio de cooperación leal; a los principios de igualdad y de no discriminación, y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y al principio del Estado de derecho.