La avalancha de críticas que ha llovido contra el Tribunal de Cuentas a raíz de las cantidades millonarias con que ha castigado a los responsables de la política exterior de la Generalitat durante el procés ha provocado que una respuesta airada y sorprendente de la institución a través de una "nota aclaratória".
En el texto el Tribunal de Cuentas explica que es un órgano constitucional y asegura que "disfruta de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido sólo al ordenamiento jurídico."
Sin recurso posible
"Los informe de fiscalización son aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos," advierte la nota donde se asegura que la fiscalización se realiza siguiendo normas y parámetros internacionales. Además, añande, que el Tribunal ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos
Es a partir de esta función que el Tribunal reclama 5,4 millones de euros a 40 altos cargos y funcionarios de la Generalitat a los cuales acusa de malversación contable para destinar parte de los presupuesto a la promoción exteriores del procés entre el 2011 i el 2017. Los acusados tuvieron ayer tres horas para leer las 500 páginas del informe y 10 minutos para defender sus alegaciones, que han sido rechazadas. Esta mañana ha sido el Tribunal Supremo quien ha inadmitido un recurso presentado por Artur Mas, Joana Ortega y Francesc Homs.
Acusaciones de nepotismo
La nota aclara también que los consejeros y consejeras de la institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintas partes del pleno del Congreso y el Senado, y son "independientes e inamovibles" de acuerdo con la Constitución. No se refiere, sin embargo, a las dificultades para la renovación de estos órganos.
También sale en defensa del personal del organismo, sobre el cual se han vuelto a recordar las acusaciones de nepotismo que lanzó una información de El País donde se denunciaba que trabajaban en este organismo dos primas de la actual presidenta, Maria José de la Fuente, y la esposa, el hermano y la hermana del actual número dos, Javier Medina.
Ante estas acusaciones, el Tribunal asegura que sus trabajadores son "profesionales altamente cualificados, que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función publica previstos en las leyes".
De hecho, entre los 12 consejeros del Tribunal está el hermano de José María Aznar y la exministra de su gobierno Margarita Mariscal de Gante, que ha sido la responsable del informe sobre los gastos del Govern en política exterior. El propio presidente español, Pedro Sánchez, ha advertido hoy que eso es un anacronismo.
En la imagen principal, la fachada del Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid / Europa Press