El Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern para cubrir las fianzas de sus ex altos cargos ha conseguido, de momento, frenar el anunciado rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales del Institut Català de Finances para cubrir parte de los 5,4 millones que se les reclama por la acción exterior de la Generalitat. La delegada instructora, Esperanza García, a pesar de plantear dudas sobre la legalidad de los avales, ha formulado una serie de cuestiones al respecto a la Abogacía del Estado pidiendo que se las respondan a la mayor brevedad posible y con un "informe razonado y comprensivo".
La mayor parte de las cuestiones se refieren al principio de indemnidad, consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con que la Conselleria d'Economia blindó el decreto ley de creación del Fondo Complementario. Según se señalaba en el prólogo del decreto, este principio de indemnidad "comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo que ocupa".
Alcance del principio de indemnidad
De las cuatro preguntas que el Tribunal de Cuentas plantea a la Abogacía del Estado, tres se refieren al decreto de creación del Fondo Complementario y una a la viabilidad de que sea el ICF quien lo cubre.
En la primera cuestión, el Tribunal pregunta al abogado del Estado si, teniendo en cuenta la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Fondo Complementario de Riesgos que creó el Govern el 6 de julio "constituye el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables".
En la segunda, pregunta si, tal como indica el mismo decreto de creación del Fondo al referirse al principio de indemnidad, "la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables" se encuentra amparada por este Fondo o sólo se puede admitir en casos en que no concurra estas imputaciones contables por dolo o culpa grave.
Pregunta en tercer lugar si la jurisprudencia del Supremo ampara o no la indemnidad de los cargos y trabajadores públicos que actúan con dolo o culpa grave.
Aval del ICF
Finalmente, pregunta si el sistema de responsabilidad contable que abarca el enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas "permite que sea directa o indirectamente la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Catalunya, que representa a todos los integrantes del pueblo de Catalunya, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable". Esta sería la cuestión referida directamente al hecho de que sea el ICF quien cubre los avales de 29 de los 34 ex altos cargos del Govern.
El Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex miembros del Govern que afiancen 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Entre los ex altos cargos encausados figuran los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas, a los cuales se reclama 1,9 y 2,8 millones, y al vicepresident Oriol Junqueras, 1,9. Las fianzas más elevadas han recaído sobre quien fuera secretario general del Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones; la interventora general de la Generalitat Mireia Vidal (3,1 millones); y los consellers Francesc Homs (2,9 milions) y Andreu Mas Colell (2,8 milions).
En la imagen principal, la fachada del Tribunal de Cuentas / Europa Press